La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la prórroga, hasta el 16 de junio de 2025, de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y de la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Savia Salud.

La decisión, de acuerdo con la resolución expedida por la Supersalud, se toma con el ánimo de “superar los hallazgos e incumplimientos evidenciados por la Superintendencia” que, si bien han mostrado tendencia a la mejoría desde la intervención, aún no cumplen con los estándares de calidad que se requieren para poder levantar esta medida.

Así mismo, la Superintendencia ordenó la continuidad de las labores por parte del agente especial interventor, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, quien tendrá 30 días calendario para presentar e implementar un completo plan de trabajo que dé cumplimiento a las órdenes emitidas por la Supersalud, además de presentar informes periódicos en los que se detallen los avances propios de la intervención.

Entre lo ordenado por la Supersalud al agente interventor se encuentra el incremento en la atención integral con el fin de prevenir el riesgo y la aparición de enfermedades, así como el generar una cultura de cuidado en personas, familias y comunidades; resolver de fondo reclamaciones interpuestas por los afiliados; e identificar, evaluar y medir riesgos que comprometan la salud de la población afiliada a efecto de suministrar servicios y tecnologías de manera integral.

En materia financiera, se encuentra el remitir en el informe mensual de seguimiento a la gestión de la EPS los avances obtenidos en el proceso de identificación, radicación y conciliación de las cuentas por cobrar, revelando periódicamente su impacto en los estados financieros de la entidad; el envío de un minucioso reporte sobre gestión, conciliaciones y avances obtenidos de las medidas de salvamento orientadas a la recuperación financiera de la EPS, entre otros puntos.

En materia judicial, lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud contempla la implementación de estrategias para evitar imposición de nuevas medidas cautelares; la implementación de estrategias para garantizar la prestación de servicios a población afiliada y no afiliada de manera que disminuya la interposición de acciones de tutela e incidentes de desacato; así como el seguimiento a procesos judiciales adelantados en contra de la entidad con el fin de validar la efectividad en la defensa técnica de los casos y la oportunidad para su contestación.