En primer caso, las propiedades estaban a nombre de familiares y en el segundo de la viuda del abatido capo.

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Son 16 los bienes muebles e inmuebles de Jairo Velásquez, alias Popeye, y Pablo Escobar a los que se les aplicará la extinción de dominio, de acuerdo con la orden proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que las propiedades figuraban a nombre de la mamá y una hermana de Velásquez, así como de Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar.

Entre  los bienes afectados con la decisión judicial figuran un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos, uno de ellos de servicio público.  Estas propiedades estaban en cabeza de Aura Ofelia Vásquez, madre de alias Popeye.

También aparecen otra bodega ubicada en el barrio Guayabal de la capital antioqueña, a nombre de Luz Marina Velásquez, hermana del jefe de sicarios del Cartel de Medellín, y una casa de 868 metros cuadrados que figuraba a nombre de Óscar Diego Jaramillo, excuñado de Popeye.

El fallo de primera instancia también afectó un terreno y dos locales comerciales de un establecimiento de grandes superficies conocido como Domo Centro Comercial, ubicado también en un exclusivo sector de El Poblado y cuya propietaria era la viuda de Escobar.

También se ordenó la extinción de dominio a un vehículo Mercedes Benz modelo 1977, de placas LX 1865 de propiedad del desaparecido capo.

La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Escobar y sus lugartenientes, entre ellos Velásquez. Se estableció además que las propiedades de la familia de alias Popeye empezaron a comprarse en 1988, dos años después de su ingreso a la reconocida estructura criminal.

El fallo judicial dispone el traspaso de  los mencionados bienes, cuyo avaluó catastral es de 6.200 millones de pesos, a favor del Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La decisión  puede ser apelada por las partes ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.