Activista contra esta técnica de sacar petróleo también se refirió a recurso de súplica que presentó el Gobierno

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo avanza en el Consejo de Estado la demanda que presentaron contra algunas normas que según organizaciones sociales abrirían la puerta al fracking en Colombia?

CARLOS ANDRÉS SANTIAGO: Fue una demanda interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, la demanda fue admitida en junio del año pasado por parte del Consejo de Estado, y en noviembre del año pasado el Consejo de Estado ordenó unas medidas cautelares solicitadas, y las medidas cautelares lo que hacen es suspender de manera temporal el Decreto 3004 y la Resolución 90341, que son parte del marco normativo del fracking en Colombia.

Esto quiere decir que desde noviembre del año pasado, no se pueden ejecutar actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Nosotros el pasado 7 de junio hicimos una marcha-carnaval nacional contra el fracking. Alrededor de 80 municipios se movilizaron y ese día se dio la audiencia inicial del proceso: el magistrado Ramiro Pazos, estuvieron los demandantes, el demandado que es el Ministerio de Minas, los coadyuvantes del demandante que somos varias organizaciones y congresistas; por otro lado las empresas.

En esa demanda inicial se fijó el litigio y establecieron las pruebas en el marco del proceso. Ya hubo una primera audiencia de pruebas el 19 de julio, hay una segunda audiencia hoy de pruebas del proceso.

Paralelamente nosotros interpusimos unos recursos y le solicitamos a la ANLA que dando cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado, pues tenía que suspender el trámite de licencias ambientales, y eso sucedió hace dos semanas cuando la ANLA notificó a Ecopetrol que dando cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado pues tenía que suspender el trámite de cualquier proceso de licenciamiento de yacimientos no convencionales.

ENS: ¿Cuánto tiempo podría tomar al Consejo de Estado adoptar una decisión de fondo?

CAS: Hoy la decisión de suspensión se encuentra vigente. Qué viene ahora, viene toda la etapa probatoria que son los testimonios, las audiencias y demás, viene un peritazgo que tendrá que entregar la Universidad Nacional sobre la base de unas preguntas que hizo el magistrado Ramiro Pazos, y viene por un lado resolver el proceso de fondo, que eso puede tardar varios años.

Por otro lado la Sala Plena del Consejo de Estado tendrá que tomar en las próximas semanas o meses una decisión, es que el Gobierno interpuso recurso de súplica, que es el recurso que procede en el caso de la medida cautelar, y en la Sala Plena tendrá que tomar una decisión si mantiene la media cautelar en firme o si levanta la medida cautelar y permite de manera temporal el desarrollo de proyectos de fracking.

ENS: ¿Qué opinión tienen ustedes de los pasos que está dando el Gobierno para implantar el fracking, como asegura, de una manera responsable y segura, comenzando con pruebas pilotos que recomendó una comisión de expertos?

CAS: Primero lo que creemos es que el Gobierno mintió a sus electores durante la campaña presidencial. El presidente Iván Duque siendo candidato dijo en reiteradas ocasiones en foros, eventos siempre sostuvo que no iba a permitir el desarrollo de proyectos de fracking, y lo que estamos viendo es que las acciones son completamente diferentes.

No confiamos en el informe de la comisión de expertos en tanto gran parte de las personas convocadas a esa comisión tenían conflictos de intereses no declarados. Algunos de ellos en los últimos años han recibido dinero por concepto de consultoría u otras de las empresas petroleras que tienen proyectos de fracking en el Magdalena Medio.

Y no creemos que los pilotos sean una medida viable porque los pilotos primero no permiten  medir impactos acumulativos en el tiempo. Normalmente los impactos que se han documentado en Estados Unidos no pasan a los 6 meses ni el año sino pasan después de los 2, 3 , 5 años.

Segundo tampoco permite medir los impactos, una cosa es cuando se hace un solo pozo y otra cuando se realizan mil pozos, por ejemplo, que es lo que puede suceder en la etapa de explotación de manera industrial.

Y lo tercero creemos que hay unos riesgos documentados al agua, al medioambiente pero también a la salud de las comunidades. No creemos que sea ético exponer a comunidades que puedan vivir en los alrededores de estos proyectos a eventuales impactos en la salud para poder demostrar si la técnica es dañina o no.