El mayor general (r) Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su máxima responsabilidad en los casos de falsos positivos de los que fue imputado y aceptó “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas".
En el mismo sentido, reconociendo su máxima responsabilidad como autores mediatos, se han pronunciado ante la Jurisdicción el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.
Asimismo, han reconocido su responsabilidad en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
De la misma forma lo hicieron los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y el civil Miguel Fernando Ramírez.
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El pasado 14 de julio, por medio del Auto 055, la JEP imputó y llamó a reconocer su responsabilidad por su participación en el asesinato de 296 personas en 212 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 'Ramón Nonato Pérez' (Birno) y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
La Sala estableció como fecha límite el 8 de noviembre de 2022 para que todos los comparecientes reconozcan los hechos que les fueron imputados y su responsabilidad o, por el contrario, los rechacen. Igualmente, los comparecientes pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Posteriormente, la JEP fijará mediante auto la fecha para la audiencia pública de reconocimiento, como las que ya se realizaron dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.