“Hacer gestiones” para que Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, “pueda asistir” ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) les pidió ayer el Consejo Político Nacional del partido Farc “a la Segunda Misión de las Naciones Unidas y a los países garantes del acuerdo”.

A través de un comunicado, ese organismo partidista demandó “del Gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación las garantías políticas y jurídicas para que se cumpla tal fin”.

El partido Farc consideró “ilegal” la recompensa de $3.000 millones que ofreció el presidente Iván Duque por cualquier información que conduzca a la detención de Velásquez, argumentando que, además, la decisión tomada por la JEP de levantarle al guerrillero desmovilizado la libertad condicional “resulta cuestionable, toda vez que la misma se antepone a los  principios de legalidad y debido proceso”.

Según la dirigencia del partido Farc, Velásquez “no ha cometido ningún delito, como lo corrobora la Fiscalía General de la Nación; y por lo tanto, no ha tomado dicha jurisdicción ninguna decisión de sancionarlo, recordemos que aún no existe ley estatutaria de esta jurisdicción; por lo cual, ningún exguerrillero fariano puede ser sancionado sin que exista una ley previa”.

En consecuencia, señaló el Consejo, “el Gobierno nacional al solicitar la activación de las órdenes de captura y ofrecer una recompensa por el compañero” está violando “la Constitución y las garantías procesales. Esta decisión es claramente ilegal”.

Como lo informó oportunamente EL NUEVO SIGLO, Velásquez quedó en la mira de la Policía tras ser sancionado por la JEP por cuenta de un incidente de desacato al no atender tres llamados a responder por los secuestros que se le endilgan e informar sobre sus actividades posteriores al desarme, lo que fue considerado por la justicia transicional como un incumplimiento “grave” de régimen de condicionalidad.

Velásquez y Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, abandonaron desde mediados de 2018 el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle (Caquetá). Desde entonces se desconoce el paradero de ambos.

También ayer, Velásquez y Marín publicaron en redes sociales una carta en la que señalaron que “la actual JEP no es la misma pactada en La Habana por voluntad, capricho o temor a la verdad”.

“Hay hechos que aún no logramos entender como aquel que personas que hicieron parte del equipo negociador del Estado y se opusieron a la JEP, ahora intervengan como jueces o procuradores, lo cual equivale a actuar como juez y parte”, haciendo alusión a la actual procuradora delegada Mónica Cifuentes, que también participó en el proceso de paz en Cuba.

Para Marín y Velásquez, la JEP debería preocuparse mejor “por la seguridad de los excombatientes –más de 90 asesinados hasta hoy– y ser más mesurados en sus decisiones”.

Además, insistieron en que la JEP debe citar a los “involucrados del Estado que victimizaron a millones en sus decisiones políticas y sociales”, pues según ellos “la “comparecencia colectiva ha perdido razón de ser por la imposición de unas comparecencias individuales”.

De hecho enfatizaron en que el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, debería ser citado por paramilitarismo, falsos positivos, la Comuna 13 de Medellín y “el rosario de sus barbaridades, si es que de verdad le importa que la verdad se le sea dicha a las víctimas”.

“Una justicia interesada solo a conocer los hechos atribuidos a algunos autores de los actores y que es permisiva y elude exigir responsabilidad a otros, no es digna de llamarse con se nombre”, concluyeron.