Ante la decisión del Juzgado 46 Penal de Bogotá, con función de control garantías, que dictó medida de aseguramiento domiciliaria en contra del alcalde de Barrancabermeja (Santander), Darío Echeverry Serrano; su exsecretario del Interior, Diego Acosta; el director del Instituto para el Fomento del Deporte (Inderba), Christian Juliao Camacho; y el exconcejal John Jairo Moros Renales; la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación.

Para el ente acusador, la medida debe ser más severa como la privación de la libertad en centro carcelario por la gravedad y cantidad de los delitos imputados; además, porque se debe evitar que se obstruya a la justicia y garantizar la asistencia de  los procesados a las diligencias judiciales.

Por otra parte, fue dejada en libertad la esposa del mandatario local Mariluz Núñez Herrera, por considerar que en libertad no afectaría el desarrollo del proceso penal en el que se le acusa de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Según el ente de control, el funcionario habría interferido de forma irregular en el desarrollo de la consulta que se citó el 2 de julio del año pasado para revocarlo o mantenerlo en su cargo.

La Fiscalía les endilga a los señalados la entrega de dádivas y ayudas, subsidios o auxilios para evitar que los ciudadanos votaran la revocatoria de mandato del alcalde, según testimonios dados al ente acusador.

Del mismo modo, la información entregada por la Misión de Observación Electoral (MOE), establece que funcionarios de la alcaldía y la esposa del primer mandatario supuestamente entregaron mercados y otros regalos para que la gente no saliera a votar por la revocatoria.

“Buscaron convencer a los ciudadanos de que no acudieran a las urnas, para no alcanzar el umbral que exige la ley”, sostuvo el fiscal al justificar la necesidad de privación de la libertad.

Agregó que hubo campañas de desinformación, restricción del transporte público el día de la votación y eventos en los que les fue retenida la cédula de ciudadanía a los habitantes.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante y corrupción del sufragante.