Por tercera vez consecutiva la multinacional brasileña Odebrecht fracasó en su intención que el Estado colombiano le acepte el pago de una indemnización a cambio de que las autoridades cesen las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en su contra por las coimas por cerca de $83.000 millones que entregó a funcionarios y políticos para lograr quedarse con varios contratos de obra pública.
Un emisario de la compañía ofreció 106.000 millones de pesos en una reunión que tuvo lugar el pasado miércoles en Bogotá, la cual fue rechazada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
La vicefiscal María Paulina Riveros indicó este miércoles que la propuesta fue analizada el martes "y de manera unánime las tres entidades la rechazamos".
La oferta de $106.000 millones como indemnización a Colombia por este escándalo de calibre mayor fue realizada por el director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, Félix Guedes Martins.
Riveros detalló que con la propuesta Odebrecht pretendía además frenar "los procesos fiscales, procesos administrativos, procesos disciplinarios" y los que se desarrollan ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La Vicefiscal indicó que de cara a un eventual acuerdo con Odebrecht no están contemplados beneficios distintos a los penales. De hecho destacó que se están tramitando cuatro principios de oportunidad para ejecutivos de esta compañía investigados por las coimas que pagó en Colombia.
Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría la multinacional debe responder en los diferentes frentes de investigación y acciones que han sido impetradas por sus actuaciones irregulares, como es el caso de una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y un tribunal de arbitramento en donde en caso de resultar perdedora tendría que pagar más de $700.000 millones.
Vale recordar que Odebrecht también disparó su artillería jurídica demandando en agosto pasado en España al Estado colombiano por $3,8 billones, como indemnización por las pérdidas que asegura tuvo en el proyecto Ruta del Sol II.
Riveros señaló que hay la disposición del Estado colombiano para escuchar una nueva oferta de Odebrecht, pero sobre la base que solo están contemplados algunos beneficios penales para sus funcionarios comprometidos en el escándalo.
En tanto el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, advirtió que independientemente de la eventual indemnización que pague la multinacional, los organismos de control no pueden renunciar a sus funciones y que por lo tanto continuarán con las investigaciones.
Por su parte el director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Camilo Gómez, apoyó la posición de los organismos de control y dijo que Odebrecht debe ser sancionada penal y económicamente por los daños causados.
En su primera oferta de indemnización Odebrecht ofreció a Colombia un pago por $33.000 millones, que fue rechazada por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría porque a cambio pretendía inmunidad total por investigaciones fiscales, penales y disciplinarias.
Posteriormente la multinacional subió el monto de su oferta de indemnización a $96.000 millones y ahora la incrementó a $106.000 millones.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
Problemas para más pruebas
Se tuvo que aplazar este miércoles la audiencia de juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por el escándalo Odebrecht, debido a que autoridades judiciales de Brasil condicionaron el envío de unas pruebas solicitadas a que Colombia garantice que no serán usadas contra ex directivos de esa compañía.
En un documento enviado por correo electrónico, Brasil pide que Colombia firme un documento en que se comprometa a no usar las pruebas y evidencias contra Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares “o cualquier otro colaborador del Ministerio público Brasileño que haya firmado acuerdos de declaración de culpabilidad negociada en acciones criminales”.
Estos ex ejecutivos de Odebrecht han venido colaborando con las autoridades colombianas con la esperanza de beneficiarse con un principio de oportunidad, y se esperan que sigan haciéndolo ahora en el juicio de Melo.
No obstante, las autoridades de Brasil advirtieron en la comunicación que “los derechos de esos testigos tienen que ser respetados porque ellos están ante una expectativa que hasta el momento es incierta".