La tarea que tiene la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia está punto de iniciar en forma con la entrega que mañana le hará la Fiscalía de los tres primeros informes, que contienen más de 200.000 casos por hechos en que participaron las Farc, integrantes de la Fuerza Pública e incluso civiles.

También está esperando informes de la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia Penal Militar, la Unidad de Víctimas y la sociedad civil, entre otros.

En marzo pasado, la JEP arrancó con la revisión a casos de 7.932 postulados: de los cuales son 4.653  son desmovilizados de las Farc, 1.824 militares y policías además de 27 particulares.

Este número de postulados ante la JEP ya firmaron el acta de compromiso para someterse a esta Jurisdicción que tiene su origen en el acuerdo de paz que el Gobierno firmó con la entonces guerrilla de las Farc.

A la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le corresponderá en primer lugar decidir cuáles de estos casos, y otros que sigan llegando, corresponden a la JEP por tener relación con el conflicto armado.

Por moverse la JEP en el escenario de la justicia transicional, las penas que apliquen serán reducidas y el caso de los exintegrantes de las Farc involucrados en delitos graves estarían entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, aunque no en una cárcel, a cambio de decir la verdad y reparar a las víctimas.

En tanto que en el caso de los militares y civiles que se presenten de forma voluntaria, tienen la posibilidad de que sea revisada la pena que aplicó la justicia ordinaria,  e incluso la JEP, estaría facultada para cesar la acción penal. 

El fiscal general Néstor Martínez anunció hace unas semanas que entregará a la JEP 17 informes con los procesos que han adelantado por los crímenes cometidos en el conflicto armado.

Sobre el particular la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Julieta Lemaitre, indicó que “entre los primeros que nos entrega la Fiscalía, viene el informe denominado inventario, en el cual ellos separan de la gran cantidad de casos de los que tiene noticia la Fiscalía, aquellos relacionados con el conflicto armado”.

Añadió Lemaitre que “la Fiscalía nos ha comunicado que nos entregarán sus primeros informes hechos por más de 200 personas para organizar todas las noticias criminales relacionadas con el conflicto armado. Llevan más de dos años haciendo este trabajo que recoge toda la labor de la justicia ordinaria frente a las Farc”.

Agregó la togada de la JEP que “los informes de la Fiscalía como nuestro trabajo son siempre simétricos, es decir, por un lado estamos avanzado con los comparecientes de las Farc y por otro lado con los comparecientes de la Fuerza Pública”.

Los informes que reciba la JEP por parte de la Fiscalía obedecen a hechos sucedidos durante el conflicto armado, pero con anterioridad a la fecha cuando fue refrendado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en el cual se pactó la creación de esa jurisdicción por un plazo de 10 años.

“Esos informes serán analizados y contrastados y tenidos en cuenta cuando sean llamadas a declarar las personas que se han comprometido a concurrir a la Jurisdicción y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que también hacen parte la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, informaron los organismos.

Precisamente el viernes pasado el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entregó a la JEP 80 informes sobre el conflicto armado que Colombia.

En un acto realizado en la sede de la JEP, el director del CNMH, Gonzalo Sánchez, hizo entrega oficial a la magistrada Lemaitre y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, de trabajos de investigación y recopilación de información sobre el conflicto.

“Hace diez años el país no conocía las dimensiones de la guerra ni sus niveles de degradación”, dijo Sánchez, quien agradeció a la JEP el haberle abierto las puertas al CNMH para que su trabajo sea tenido en cuenta en su integralidad y en el marco de una investigación que busca aportar a la paz de Colombia.

“Como todos los informes que hasta ahora hemos recibido, los asumiremos con mucha responsabilidad en el entendido que se trata de comenzar a esclarecer los hechos y conductas de los actores en el contexto del conflicto armado”, dijo la magistrada Lemaitre.

Sánchez indicó que “los informes de memoria histórica se han convertido a su vez en soporte importante de la acción judicial. De hecho, el CNMH ha producido una serie de informes como parte de medidas de reparación, a solicitud de fiscales, entre otros, Recordar para Reparar, sobre las masacres de Matal de Flor Amarillo y de Corocito en Arauca; y La Justicia Que Demanda Memoria, sobre las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente colombiano. A esto se suma la incorporación en los fallos judiciales en el plano nacional, y en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los contenidos de los informes sobre las masacres de Trujillo, Segovia, la Rochela, el Salado, el Placer etc”.

Añadió que “confiamos en que el análisis de los actores armados, de las diferentes modalidades de victimización, el esclarecimiento y la comprensión de los contextos, las dinámicas territoriales, y el establecimiento de los daños, aspectos todos ellos abordados por el CNMH en sus diferentes informes, habrán de constituirse en insumo para la construcción de la verdad judicial, que tantas expectativas genera no solo en las víctimas, sus principales destinatarias, sino en la sociedad en general”.

Sociedad civil

Desde la sociedad civil diferentes organizaciones han entregado informes y documentación a la JEP con la intención de que le sirvan de insumo en la labor judicial que tiene entre manos.

Es el caso de Credhos, una reconocida organización defensora de derechos humanos del Magdalena Medio, y un grupo de víctimas del atentado contra el Club El Nogal, entre otras.

En tanto que la organización Reiniciar entregó a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el informe sobre la victimización contra integrantes de la Unión Patriótica.

Escollos

Una de las normas que requiere la JEP para operar al 100%, es la ley de procedimiento, la cual define el proceso que tendrán que afrontar los postulados a esta instancia y el trámite que asumirán las víctimas ante el Tribunal Especial de Justicia para buscar la reparación de sus derechos.

La ley reglamentaria se discute en las comisiones primeras y se espera que en no más de dos semanas las plenarias le den luz verde.

También se está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad o no de la ley estatutaria de la JEP.