El fallo en primera instancia de la Procuraduría General contra la destitución del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, será apelado inmediatamente por el funcionario. La determinación tiene que ver con el proyecto de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-.

Franco afirmó que tiene plena confianza en su actuar transparente y el de su equipo de trabajo, así como en las pruebas recaudadas, que esperan sean valoradas de manera objetiva, tranquila y veraz por la Procuraduría en la segunda instancia. 

“Insisto en que los cuestionamientos se hacen solo y exclusivamente por el diferencial de interpretación que existe respecto a si se podía hacer el convenio de cofinanciación, incluyendo la fase de ajustes a diseños o si era perentorio primero, antes de adelantar el convenio, adelantar esa fase”, apuntó Franco, quien agregó que el convenio se hizo bajo el marco jurídico previsto en las leyes vigentes, con pleno acatamiento a las mismas, y en cumplimiento de orden judicial dada en el fallo del Río Bogotá.

Confianza

Para director de la CAR su suerte como servidor público está marcada por los designios de Dios y lo que haga en el ejercicio de apelación. “Confiamos en que podemos salir bien librados en atención a que tengo plena certeza respecto a que hemos obrado de la mejor manera posible en camino a recuperar el río más importante del territorio y uno de los más importantes del país: el Bogotá”, recalcó.  

La Alcaldía de Chía, a su turno, informó que la obra registraba avances de más del 50% y sería entregada en el último trimestre de 2019.

De acuerdo con la Procuraduría se presentaron irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-, y por ello sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al Director (e) de la CAR.

En audiencia verbal, el Ministerio Público señaló que el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la Alcaldía del municipio, por más de $35 mil millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.

El órgano de control señaló que los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones.

Para la Procuraduría esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas.

Como consecuencia de lo anterior se violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad, toda vez que el objetivo del convenio no fue posible ejecutarlo a partir de los estudios y diseños que se tenían al momento de su firma, lo que ocasionó que la construcción solo se iniciara tres años después de la suscripción del documento.

Ya en el Congreso cursan dos proyectos de ley que buscan  cambiar la estructura de las CAR. Una de las iniciativas plantea reducir de 33 a siete estas entidades en Colombia.

“Para nadie es un secreto que las CAR están hipotecadas a los poderes políticos locales y eso ha hecho que se desvíe de su naturaleza jurídica y misional. El país requiere de entidades que por encima de los intereses políticos regionales, respondan por la verdadera misión por la cual fueron creadas, como es la protección y el control del medioambiente”, mencionó Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, el pasado octubre de 2018.