Investigación disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Romero, y a otros dos funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la venta de 80 mil cajas de aguardiente Nariño a una empresa distribuidora de la región, abrió la Procuraduría General.

Los hechos investigados se relacionan con la promulgación, estudio y aprobación del convenio para otorgar la venta y distribución de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño, contrato que fue autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.     

De acuerdo con la investigación, la administración departamental habría asignado el convenio sin esperar, aparentemente, otras propuestas y sin verificar que la empresa contratante consignara la totalidad de las garantías para cubrir los $18.000 millones de pesos. 

La apertura de la investigación también cobija a Mario Fernando Benavides, en su calidad de gobernador encargado de Nariño para la fecha en que ocurrieron los hechos, y Adriana Milena Amaya, como Subsecretaria de Rentas del departamento.