Durante la administración Santos se inició la consulta previa en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del estatuto raizal, el cual resultó de los acuerdos a los que llegó ese gobierno con dicha población y el cual tiene por objeto reconocer, regular sus derechos y deberes; sin embargo el nuevo Ejecutivo nacional no ha reactivado este proceso. Tampoco avanza en el Congreso una iniciativa de ley que desarrolla algunos puntos de este estatuto.

Walt Hayes, secretario del Raizal Council, que es el organismo interlocutor exclusivo de esta población, dijo a EL NUEVO SIGLO que “finalizando el periodo del presidente Santos llegamos hasta cierto punto, el proceso de consulta previa no ha finalizado, y lo que es el proyecto de ley que en su momento el Gobierno consideró, pues los acuerdos y la Ley del Plan de Desarrollo mandaba que el Gobierno presentara un documento. Entonces así lo hizo el Gobierno y presentó un proyecto de ley de los puntos acordados hasta la fecha dentro del proceso de consulta previa del estatuto”.

No obstante, el dirigente étnico indicó que la consulta previa del estatuto raizal está paralizada en este momento “hasta tanto el Gobierno retome. Retome quiere decir se empiece otra vez a convocar a la mesa”.

Explicó Walt Hayes que “en el marco del tema consulta previa se terminó de conformar una mesa de diálogo y en este momento estamos en espera pues que el Gobierno vuelva y convoque a la mesa. Apenas ha habido dos conversaciones. Ayer (jueves) íbamos a tener una conversación y fue suspendida porque la Ministra (Interior, Nancy Patricia Gutiérrez) partió a Bogotá por el tema del atentado”.

Por su parte el representante por San Andrés, Jorge Méndez, de Cambio Radical, dijo a este Diario acerca del proyecto de ley número 79 de 2018 Senado por medio de la cual se reconocen derechos del pueblo étnico raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que “se nombró una subcomisión para trabajar en ello. Está conformada por los dos representantes, Elizabeth Jay-Pang Díaz y yo; adicionalmente los senadores Fernando Nicolás Araujo, del Partido Centro Democrático, y Efraín Cepeda, del Partido Conservador. Entonces se había programado una visita para  San Andrés a mediados del mes de noviembre, pero se aplazó por cuanto los senadores no podían”.

Sin embargo, Méndez dijo que “es posible que el proyecto de estatuto sea retirado y se vuelva a presentar porque no todo lo que se ha trabajado corresponde a lo que fue consultado, entonces tuvieron que presentarlo parcialmente. Mi sugerencia es que revisaran para qué íbamos a aprobar algo que está incompleto porque no todo lo demás ha sido sometido a consulta. Más bien que se terminara de resolver el tema de la consulta con los otros puntos y se volviera a presentar un proyecto nuevo”.

El estatuto

El estatuto tiene por objeto reconocer, regular los derechos y deberes del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dotarlo de un estatuto especial de autonomía étnica y el fortalecimiento de sus instituciones propias.

Reconoce el derecho a la existencia y preservación de la vida del pueblo raizal, asegurar una calidad de vida digna, proteger la diversidad étnica e identidad cultural de los raizales, la conservación del patrimonio cultural raizal, así como garantizar su soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales terrestres y marítimos, y su territorio ancestral.

Dentro del capítulo II se encuentra el artículo 6, el cual señala el derecho a la autodeterminación del pueblo raizal, siendo estos quienes determinen sus propias instituciones, gobierno y autoridades representativas para preservar sus normas y costumbres.

Tanto miembros del pueblo raizal, como residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deben acogerse a una serie de deberes, los cuales según el acuerdo del estatuto raizal, deberán promover y mantener la unidad e integridad territorial y nacional; recuperar, fomentar y salvaguardar la cultura, idioma y las tradiciones ancestrales del pueblo raizal; defender y proteger los recursos naturales renovables y no renovables, el medio ambiente y contribuir con el desarrollo sostenible y sustentable.