CERCA DE 15 pruebas ordenó la Procuraduría General de la Nación realizar la indagación previa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Con ese propósito entre otras citó a declarar a María Alejandra Benavides, asesora del titular de esta cartera.

También, el Ministerio Público citará a declarar a Jaime Ramírez Cobo, quien figura en la Presidencia de la República como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.

Otra de las pruebas adoptadas por la Procuraduría es que solicitará a la oficina de talento humano del Ministerio de Hacienda, toda la documentación relacionada con la hoja de vida y demás soportes que presentó Bonilla para asumir esta cartera.

“Oficiar a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Hacienda, a fin de que aporte a la actuación, copia del acta de nombramiento, acta de posesión, y hoja de vida del ministro Ricardo Bonilla, y certificación de tiempo de servicios. Así mismo, allegar copia del manual de funciones del cargo de ministro, vigente para los años 2023 y 2024″, indica la Procuraduría.

El pasado 26 de julio, el Ministerio Público ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Velasco; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Ungrd.

Por ello, también la Procuraduría dentro de estas pruebas ordenó “oficiar a la Oficina de Talento Humano del Ministerio del Interior, a fin de que aporte a la actuación, copia del acta de nombramiento, acta de posesión, y hoja de vida del exministro Luis Fernando Velasco, y certificación de tiempo de servicios. Así mismo, allegar copia del manual de funciones del cargo de ministro, vigente para los años 2023 y 2024”.

Igualmente, la Procuraduría pedirá al Dapre que aporte el acta de nombramiento de Carlos González, tiempo de servicio, así como copia del manual de funciones de cuando se desempeñó como director de esta dependencia de la Presidencia.

También el órgano de control solicitará a la Cancillería copia del acta de nombramiento y acta de posesión del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

Por otro lado, la Procuraduría solicitará a las secretarías del Senado y la Cámara la gaceta de posesión y tiempo de servicios de los senadores Julio Chagui, Liliana Bitar y Juan Gallo; así como de los representantes Wadith Manzur, Karen Martínez, Julián Peinado, Germán Rozo y el exrepresentante Juan Muñoz.

Estos congresistas y el exrepresentante Muñoz han sido nombrados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente exdirector y exsubdirector de la Ungrd, en la declaración que los dos dieron a la Fiscalía y el segundo de ellos a la Corte Suprema, por las irregularidades que se presentaron en varios contratos para procurar agua en La Guajira por la sequía en el pasado fenómeno del Niño, como la compra de 40 carrotanques.

Pinilla y López aseguraron que desde el alto Gobierno se ordenó entregar dinero y contratación a congresistas para que aprobaran las reformas. El exsubdirector de la Ungrd dijo que le hizo llegar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y que él personalmente le entregó al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, $1.000 millones.

Por ello, la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.

El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Por su lado, la Corte Suprema abrió investigación preliminar a Name, Calle, así como a los otros siete congresistas y el excongresista, para determinar si están relacionados o no con este escándalo de corrupción.

El ministro Bonilla, el exministro Velasco y Carlos González, quien acaba de renunciar de estar al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, han dicho que son mentirosas las afirmaciones de Pinilla y López. Igual han asegurado los congresistas ya señalados.

Habrían hackeado móvil de López

Por otra parte, la defensa de Olmedo López dijo que se perdió información que este exfuncionario tenía en su celular, que pudo ser por un ataque cibernético, pues el aparato de un momento a otro la pantalla se puso borrosa y se apagó. Luego lo encendió, pero ya no estaban las aplicaciones, chats y fotos que conservaba de conversaciones con funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, el abogado José Moreno dijo que la información de este celular la tiene ya la Fiscalía porque hace unas semanas le pidió a ese organismo que hiciera por precaución una copia espejo.

“En efecto Olmedo López tenía dos aparatos celulares, uno de ellos al parecer era con el que se comunicaba con quienes hacían parte del llamado cónclave, por medio de una aplicación especial”, dijo Moreno.

En otro orden, la Corte Suprema aclaró ayer que no se ha llevado a cabo la inspección en las comisiones del Congreso relacionadas con las reformas pensional y de salud, en el marco de la investigación que abrió a congresistas por el escándalo en la Ungrd, como sí lo habían señalado varios medios.