La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Por los mismos hechos la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.
El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Actuación contra la exconsejera Presidencial para las Regiones
La Procuraduría vinculó a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la UNRGD para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira.
¿Qué dijo la Fiscalía?
Tras el hallazgo inicial de una defraudación multimillonaria, la Fiscalía reveló el funcionamiento de la organización delincuencial que se tomó por varios meses la contratación estatal en la Ungrd, con la participación del exdirector Olmedo de Jesús López Martínez, el ex subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el empresario Luis Eduardo López Rosero.
Para la Fiscalía, los tres investigados, en complicidad con otros funcionarios, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de las respuestas ante emergencias a través de decretos de calamidad pública y declaratorias de desastre nacional, logrando consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros.
“Asimismo, sabían que desplegar este tipo de comportamientos estaba prohibido por la ley, motivo por el cual les era exigible no concertarse con otras personas para cometer delitos en contra de la administración pública y la fe pública, ni mucho menos organizarse de forma estructurada y con reparto de roles y funciones para consolidarse como una organización criminal que tenía como propósito el direccionamiento ilícito de la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en aras de apropiarse de dinero del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general”.
En estos términos expuestos ante el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó, de acuerdo a su rol y grado de participación, cargos a López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.