La operación minera de Cerrejón en La Guajira se vio interrumpida por un atentado con explosivos contra su línea férrea, específicamente en el kilómetro 122 del municipio de Uribia. Aunque no se registraron víctimas ni heridos, los daños materiales y las implicaciones en la seguridad de la operación carbonera generaron inquietud en la región.

El acto vandálico, dirigido hacia el tren carbonero y la infraestructura ferroviaria de Cerrejón, tuvo lugar en una de las zonas críticas de la línea férrea. El explosivo fue detonado mientras el tren transitaba por el mencionado kilómetro, resultando en daños materiales considerables, especialmente en uno de los vagones de la composición. Afortunadamente, la respuesta inmediata de la empresa y la ausencia de personal en el área evitó consecuencias personales.

Cerrejón emitió un comunicado oficial condenando el atentado y expresando su rechazo hacia acciones que comprometen la seguridad de sus trabajadores y la continuidad operativa. En el mismo, se informó que las actividades de transporte de carbón e insumos desde la mina hasta Puerto Bolívar están temporalmente suspendidas. La prioridad actual es la pronta rehabilitación de la línea férrea afectada para restablecer el transporte ferroviario.

La compañía minera se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades para investigar el incidente y determinar a los responsables del acto vandálico. En sus declaraciones, Cerrejón reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades vecinas, repudiando cualquier acto que amenace la normalidad de sus operaciones.

Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta Cerrejón, que ha sido blanco de ataques y bloqueos en el pasado. La empresa, cuya contribución económica y fiscal es significativa para la región, ha visto afectada tanto su operación carbonera como servicios esenciales para la comunidad, como el suministro de agua a través del Tren del Agua.

La investigación en curso buscará esclarecer los motivos detrás de este último atentado y aplicar medidas preventivas para garantizar la seguridad y estabilidad a largo plazo. La situación destaca la vulnerabilidad de las operaciones mineras frente a actos vandálicos, subrayando la necesidad de un enfoque integral que proteja no solo la infraestructura, sino también a las comunidades y la economía regional.