En diciembre pasado el Gobierno anunció el lanzamiento de la nueva estrategia integral contra las drogas ‘Ruta Futuro’. “A pesar de tanto bombo en las noticias y redes sociales, la política como tal no se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia y el Derecho, y el anuncio de un ABC de la ‘Ruta Futuro’ es un enlace roto”, indicó la investigadora de Dejusticia, Isabel Pereira.

“Conocemos entonces solo un resumen de la política, que anuncia que se basará en cinco pilares —disminuir el consumo de drogas, atacar la oferta de drogas, desarticular las organizaciones criminales, afectar las economías y rentas del crimen organizado, y transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas—. Estos pilares en sí mismos no son problemáticos, pues es claro que las actividades ilegales son un factor desestabilizador para cualquier país, y un gobierno tiene la obligación de responder con políticas públicas a las necesidades de salud, desarrollo, y justicia de las poblaciones que se involucran con las drogas”, agregó.

Asimismo dijo que el problema de esta promesa de futuro, es que parte de una premisa del pasado que se ha mostrado estar errada: las drogas son nocivas y la manera de abordarlas es con la represión. “Esta premisa adolece de dos problemas graves: ante unas sustancias peligrosas, la solución que debe dar el Estado es regular las sustancias, a través de controles estrictos, para proteger la salud, tal como lo hace con el alcohol y el tabaco; y, segundo, desconoce que los llamados problemas de las drogas son a menudo manifestaciones de otros problemas estructurales: por ejemplo, el problema de la coca es espejo de un problema de pobreza rural”.