Para que las empresas mineras cuiden y velen por los Derechos Humanos en las regiones donde operan, el Comité Minero Energético de Seguridad, CME, diseñó una hoja de ruta que comprende 59s recomendaciones.

Señala el Comité que ésta son una herramienta concreta para que las empresas del sector minero energético actúen de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos para prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos resultantes de las operaciones, y potencien los impactos positivos. Las medidas comprenden un enfoque de prevención que debe activarse desde el momento mismo de la llegada de las empresas a los territorios para el reconocimiento del territorio y la comprensión de la conflictividad social, presupuesto básico para prevenir la ocurrencia de hechos que comporten acciones ilegales o violentas.

Para Francisco José Lloreda Mera, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, en el marco de los conflictos,  es relevante  llegar a acuerdos e identificar los interesas legítimos y las causas que subyacen a la protesta social.

Conflictos

De acuerdo con Luz Stella Páez Cañón, directora Ejecutiva del CME, “en los territorios donde operan las empresas del sector minero energético se presentan con frecuencia conflictos sociales que pueden afectar el normal desarrollo de las operaciones, exigiendo la atención y gestión colaborativa con autoridades locales y del nivel nacional y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil”.

El ejercicio de construcción de este documento inició en 2015 y su resultado es fruto del consenso de los integrantes del CME y la participación y aportes del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en calidad de observador la Defensoría del Pueblo.

El CME se fortalece como iniciativa multiactor y ratifica su valor al recoger  pluralidad de visiones en torno a temáticas complejas, que responden a las dinámicas y transformaciones del contexto nacional.

Actualmente, Colombia avanza hacia la construcción y consolidación de la paz en los territorios y se evidencia una sociedad que de manera creciente se moviliza para reclamar el reconocimiento y protección de sus derechos.

De acuerdo con Páez, “el enfoque de estos lineamientos se orientan a los tres momentos clave de actuación, esto es, a prevenir el escalamiento, a gestionarlo cuando se presente y a desarrollar actuaciones posteriores, todo esto con el fin de que las empresas puedan mejorar la comprensión en relación con la existencia de cierto tipo de manifestaciones sociales, que siempre y cuando sean pacíficas y respeten los derechos de terceros, se encuentran ampradas por el ordenamiento jurídico colombiano”.

Aportes

De acuerdo con José Noé Ríos, asesor de Presidencia y director de Cedisco, no toda protesta social genera acciones ilegales o violentas, por lo tanto debe respetarse el ejercicio de este derecho.

El CME reconoce estas recomendaciones como un documento vivo que debe ser puesto en práctica por las empresas y ofrece aportes concretos a las autoridades, la sociedad civil y a las empresas para una mejor gestión de los riesgos en el territorio

El documento refuerza la necesidad de asegurar la cadena valor,  impartiendo inducción a su personal sobre formas de diálogo social, relacionamiento con autoridades e interacción con las comunidades en terreno, según los protocolos, guías o buenas prácticas implementadas por la empresa.

Para Páez, se debe hacer claridad en qué es lo que le compete a las empresas y qué es lo que le compete al Estado.

De acuerdo con Jaime Prieto, coordinador del equipo Territorio y Paz y representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las propuestas sociales debe encontrar mecanismos de solución, algunas de las principales causas por las cuales se presentan son: presuntas afectaciones socio ambientales, discusiones de orden laboral, porcentaje de contratación de mano de obra local o contratación de pequeñas empresas locales o Incumplimiento por compromisos previamente adquiridos.

Con relación al tema, Ríos afirma que “las protestas empiezan desde que los proyectos son anunciados, en muchos casos, para evitar que se conviertan en una realidad. Se hace necesario trabajar en una gestión preventiva más que reactiva, respetando los derechos”.

“Si bien la Constitución Política de Colombia, reconoce la protesta social pacífica como un derecho, esta protección no está dada para aquellas situaciones que comparten acciones ilegales y de violencia”, afirmó Páez.

Por su parte, el CME continuará documentando las buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con la gestión de las acciones ilegales y/o violentas derivadas del escalamiento de la protesta social con el fin de compartir el conocimiento adquirido y visibilizar en las instancias de diálogo y relacionamiento que existen con el Gobierno Nacional y otras entidades del Estado, los retos y dificultades para las empresas en esta materia.

Este documento busca estimular una reflexión sobre la manera en que las empresas pueden prevenir conflictos y generar espacios de diálogo y búsqueda de consensos frente a un tema crucial de la agenda pública y constituye un aporte a las autoridades, a la sociedad civil y a las empresas para una mejor gestión de riesgos en el territorio. Es tarea de todos, continuar trabajando para su implementación.