En las últimas horas las autoridades se incautaron más de media tonelada de medicamentos en su mayoría vencidos y adulterados en su composición, que fueron introducidos a Colombia desde Ecuador y Venezuela por una red que también fue desarticulada. La Fiscalía indicó ayer que por este ilícito fueron capturadas 16 personas en operativos que se adelantaron en Santa  Marta, Cartagena y Medellín.

El ente acusador indicó que los medicamentos “habrían sido alterados y estaban listos para ser comercializados, y cuyo valor  ascendería a mil millones de pesos”.

En las diligencias los investigadores constataron  que los productos eran movilizados desde los vecinos Ecuador y Venezuela en vehículos de transporte público y otros automotores que no cumplían las condiciones de frío y conservación que exigen muchos medicamentos, desde los puntos fronterizos hasta casas de familia en Cartagena y Santa Marta, donde los alteraban en su composición, empaque, sellos de fabricación y caducidad.

La Fiscalía explicó que “con una apariencia distinta y de presunta legalidad, la mercancía era vendida y enviada en encomiendas a una cadena de farmacias con sede en Antioquia y droguerías de Medellín, Envigado, Bello, Sabaneta, Copacabana e Itagüi, lugares en que los medicamentos se ofrecían a precios inferiores a los que normalmente tienen en el mercado”.

Entre las medicinas modificadas por la red criminal que fue desarticulada por la Fiscalía hay tratamientos para hemofilia, diabetes, artritis y cáncer, así como analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antidiarreicos, antibióticos, catalogadas de alto costo o uso institucional.

Red criminal

La red criminal que comerciaba con medicamentos y los adulteraba tenía contactos en Ecuador y Venezuela para traerlos desde allí; en Santa Marta y Cartagena para adulterar su composición, empaque y fechas de vencimiento; así como en Antioquia para la  comercialización a través de una cadena de farmacias en varios municipios de este departamento.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a los 16 capturados hasta el momento por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial (marcas) y enajenación ilegal de medicamentos.

Por disposición de un juez de control de garantías siete de los procesados fueron enviados a centros carcelarios, y 9 más recibieron medidas de detención domiciliaria.

En la operación que permitió desvertebrar esta organización dedicada a la alteración y contrabando de productos farmacéuticos, participaron 4 fiscales, 120 investigadores de la Dirección  Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que contaron con el apoyo del Ejército Nacional, peritos de la Secretaría de Salud del departamento de Antioquia, del Invima y de los laboratorios.

Llama la atención que esta red se dedicara a traer medicamentos desde Venezuela, en donde precisamente escasean por la crisis política y social que vive la hermana nación.

En junio pasado también fue desarticulada una red que comercializaba medicinas adulteradas en el centro del país. Se incautó más de una tonelada y media de productos falsos y hubo 13 capturas.

De acuerdo con la Fiscalía General, la estructura traficaba con medicinas descompuestas o de uso exclusivo para venderlos como productos nuevos y auténticos en droguerías, hospitales y clínicas.

Las diligencias se cumplieron en Bogotá y Pereira, en desarrollo de una investigación iniciada luego de que un ciudadano se quejó ante un laboratorio farmacéutico porque las pastillas que tradicionalmente usaba para superar una anemia que lo aquejaba, le habrían generado efectos adversos que complicaron su estado de salud.

El producto, adquirido en una droguería en el norte de Bogotá, fue inspeccionado por peritos especializados que identificaron varias irregularidades como alteraciones en los empaques y marquillas, y que el medicamento estaba vencido y correspondía a un tratamiento para una enfermedad distinta a la anemia.

Con esta información la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos, inició una investigación para establecer el origen de la medicina falsificada y dar con los responsables de esta acción ilícita que pone en peligro la vida de miles de colombianos.

En un año de verificaciones y luego realizar diferentes técnicas de policía judicial, fue detectada una organización criminal que ingresaba medicamentos de contrabando, vencidos y descompuestos de Venezuela y Ecuador, o adquiría tratamientos de uso exclusivo de las EPS para sacarlos al mercado.

De acuerdo con los elementos materiales recopilados, los productos eran enviados en buses de servicio público o por encomienda desde zona de frontera hasta Bogotá. Posteriormente eran llevados a diferentes sectores residenciales de la ciudad donde algunos integrantes de la red ilegal alteraban los empaques y marquillas, cambiaban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación, entre otras maniobras con las que daban una apariencia nueva y de autenticidad a los medicamentos falsos.