Debido a la problemática relacionada con la contaminación, deforestación y minería ilegal en la cuenca del río Atrato, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicita con carácter urgente el establecimiento de acciones claras y concretas que garanticen el bienestar y cuidado de las comunidades chocoanas que la habitan.

“En el seguimiento que realizamos desde la Defensoría del Pueblo al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, y cuyo fin es la efectiva conservación y protección de ese ecosistema estratégico, uno de nuestros equipos evidenció la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato”, expresa Camargo Assis.

De acuerdo con lo hallado, el Defensor del Pueblo le hace un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “En articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implemente acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la Sentencia proferida hace ocho años, la T-622 de 2016, de la cual a la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal”.

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Cabe recordar que la sentencia ordena la construcción de diferentes planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis humanitaria.

La Defensoría del Pueblo reitero que: “este es el momento propicio para que los mandatarios locales diseñen las estrategias para lograr el efectivo cumplimiento de la mencionada Sentencia y así garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato”, manifiesta el Defensor desde Quibdó, capital del departamento del Chocó.

Con el propósito de garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen del afluente, el tercero más importante y navegable del país después de los ríos Magdalena y Cauca, desde la Defensoría se insiste en la necesidad del trabajo articulado entre los diferentes ministerios y entidades que tienen como deber constitucional la descontaminación y restauración de ese ecosistema, así como la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido uso de mercurio, las cuales deterioran día a día la salud de quienes habitan esa región del occidente de la geografía colombiana.

“Comprometidos con la defensa del Atrato, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, le hemos solicitado al Tribunal de Cundinamarca el desarrollo de una audiencia de seguimiento que permita vigilar el estricto cumplimiento de las órdenes dispuestas en la Sentencia”, indica el Defensor del Pueblo.