Medellín, reconocida por su atractivo para inversionistas extranjeros y expatriados, está en el centro de una creciente polémica por supuestas prácticas abusivas en el mercado inmobiliario. En los últimos años, han surgido denuncias sobre cobros indebidos, irregularidades en contratos de arrendamiento y dificultades para la restitución de depósitos.

Uno de los casos que ha llamado la atención recientemente es el de Simon Vielma, empresario de nacionalidad estadounidense y fundador de ReturnPolicy.com, quien alega haber sido afectado por una serie de prácticas cuestionables al alquilar un penthouse en el Edificio Obra Treinta de El Poblado en Medellín. Vielma denuncia que su arrendador le exigió un depósito de 90 millones de pesos. (aproximadamente 22,045 dólares), lo que, según expertos en derecho inmobiliario, contraviene directamente la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia.

De acuerdo con el artículo 16 de dicha ley, en los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se pueden exigir depósitos en dinero efectivo ni otro tipo de garantías reales para garantizar el cumplimiento del contrato. Sin embargo, Vielma sostiene que se le solicitó esta suma como condición para la firma del contrato y que ahora enfrenta dificultades para su restitución.

Inspección Controvertida y Disputa sobre Presuntos Daños

Al concluir el contrato de arrendamiento, Vielma afirma que invitó al arrendador a realizar la inspección, pero este le indicó que debía llevarse a cabo sin su presencia, justificando luego la decisión al señalar que debía ser realizada por partes “imparciales”, refiriéndose a los agentes inmobiliarios.

Según el testimonio de los agentes inmobiliarios que representaban a ambas partes y estuvieron presentes durante la inspección, el arrendador tomó la linterna de su teléfono para inspeccionar cada mínima marca o rayón en cualquier superficie de madera y otros elementos de la vivienda.

Los dos agentes inmobiliarios manifestaron que la gran mayoría de los desperfectos señalados por el arrendador correspondían al uso normal de la propiedad, más que a daños atribuibles al inquilino. Según se ha podido conocer, el propietario habría intentado que los agentes firmaran un documento en el que se estipulaba un estimado de más de 20 millones de pesos (aproximadamente 4,900 dólares) en presuntos daños, lo cual ambos se habrían negado a hacer. Posteriormente, según la versión de Vielma, el arrendador habría despedido y llamado a insultar a su propio agente inmobiliario tras una disputa sobre la evaluación de los daños.

Este tipo de disputas sobre “daños” al inmueble han sido reguladas en la Ley 820 de 2003, la cual protege a los inquilinos contra reclamaciones excesivas por parte de los propietarios. Según la normativa, los propietarios son responsables de mantener el inmueble en condiciones adecuadas y no pueden cobrar por desgastes normales derivados del uso habitual de la vivienda.

La ley establece que:

• El arrendador es responsable de reparaciones estructurales y de mantenimiento general.
• El deterioro causado por el tiempo y el uso normal es responsabilidad del arrendador.
• Solo daños derivados de negligencia del arrendatario pueden ser cobrados.

Según expertos en derecho inmobiliario, la práctica de algunos propietarios de inflar costos de reparación y descontarlos arbitrariamente de depósitos ilegales podría constituir un abuso de confianza o incluso fraude contractual.

La Carta del Abogado: Amenazas Veladas y Cuestionamientos Migratorios

Como si el abuso no fuera suficiente, el propietario envió a Vielma una carta a través de un abogado, en la que, además de justificar la retención del dinero con conceptos cuestionables, exigió que demostrara su situación migratoria en Colombia.

Esto plantea una pregunta clave: ¿por qué el propietario no pidió pruebas de su estatus migratorio cuando aceptó los más de 500 millones de pesos (aproximadamente $122,440 dólares) que Vielma pagó en alquiler y depósitos? El intento de usar este argumento solo cuando le conviene es una clara táctica de intimidación y abuso de poder.

Vielma, en declaraciones exclusivas para este medio, expresó su indignación:

“El propietario me cobró un depósito que la ley colombiana prohíbe y ahora, tras finalizado el contrato, pretende quedarse con los 90 millones de pesos. Además, me envía una carta a través de un abogado tratando de intimidarme cuestionando mi situación migratoria. No me preguntó por mi estatus cuando tomó los más de 500 millones de pesos que le pagué, pero ahora convenientemente lo usa para no devolverme mi dinero. A pesar de las irregularidades en la administración del contrato, yo honré mi parte y siempre pagué a tiempo, cumpliendo con todas mis obligaciones como arrendatario.”

“Hemos iniciado acciones legales en la jurisdicción civil y también penalmente, bajo la figura de abuso de confianza, entre otras.”

Preocupaciones por Posibles Represalias Legales

Vielma ha manifestado su preocupación por las posibles consecuencias de hacer pública su denuncia. Según su versión, el arrendador lo habría amenazado con presentar acciones legales por difamación y calumnia en caso de que el caso se hiciera mediático. Ante esto, el inquilino ha solicitado la intervención de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y otras autoridades para garantizar la transparencia del proceso.

“Ya he instruido a mis abogados para que contacten a la Embajada de EE.UU. y a otras entidades, porque me preocupa que el propietario utilice a su abogado y sus contactos para hacerme alguna acusación falsa, como ya lo ha insinuado. Mi equipo legal ya está actuando, y si la justicia en Colombia es manipulada para intimidarme o desconocer mis derechos, lo denunciaré públicamente cuantas veces tenga que hacerlo”

Un Problema Recurrente en el Mercado de Arrendamientos

Casos como el de Vielma no son aislados. Diferentes reportes han señalado que en Medellín existe un patrón de irregularidades en contratos de arriendo, afectando tanto a extranjeros como a colombianos. En otras investigaciones periodísticas se han documentado:

• Cobros excesivos en alquileres dirigidos a extranjeros, aprovechando su falta de conocimiento del mercado local.
• Depósitos y garantías que, según la Ley 820 de 2003, no son exigibles en contratos de vivienda urbana.
• Dificultades para recuperar depósitos al final del contrato, con reportes de propietarios que retienen sumas significativas alegando presuntos daños menores.

Según expertos en derecho inmobiliario, estas prácticas pueden generar un efecto negativo en el sector y en la reputación de Medellín como destino de inversión.

Llamado a las Autoridades y Próximos Pasos

El caso de Vielma resalta la necesidad de que las entidades encargadas de regular el sector de arrendamientos refuercen los controles y garanticen que la ley se cumpla. Es fundamental que la Superintendencia de Industria y Comercio, la Personería Distrital de Medellín y la Fiscalía General de la Nación investiguen y tomen medidas ante estas denuncias.

Mientras tanto, Vielma sigue adelante con las acciones legales para recuperar su depósito y exigir responsabilidad por las presuntas irregularidades en su contrato de arriendo.

¿Has sido víctima de una situación similar?

Si eres arrendatario y has enfrentado prácticas injustas en el mercado inmobiliario en Colombia, te invitamos a compartir tu historia. La transparencia y la denuncia son fundamentales para evitar que estos casos se repitan.