La Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras una serie de atentados perpetrados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.
Estos actos, calificados como terrorismo y daño ambiental, encendieron las alarmas tanto en el Gobierno como en la ciudadanía, generando una crisis ambiental y de seguridad en la región.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que las investigaciones se están llevando a cabo de manera independiente a los diálogos de paz que sostiene el Gobierno con este grupo armado.
“Es importante que ustedes lo sepan, independientemente de lo que esté sucediendo en el diálogo y en las negociaciones que lleva el gobierno nacional entre otros actores armados con el ELN, las investigaciones no se suspenden”, enfatizó durante una reciente rueda de prensa.
El primer ataque ocurrió el 26 de agosto en la vereda La Pava, ubicada en Saravena, Arauca, seguido por otro el 29 de agosto en la vía que comunica El Carmen con el departamento de Cesar. Estos atentados no solo han causado daños significativos a la infraestructura petrolera, sino que también han puesto en riesgo el suministro de gas en la zona nororiental del país, según alertó Ecopetrol.
La filial de Ecopetrol, Cenit, informó que activó de inmediato su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) y notificó a los consejos municipales para mitigar los impactos de los atentados. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, con riesgos ambientales que afectan directamente a las comunidades locales.
Desde que terminó el cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, la región de Arauca ha experimentado un incremento en los ataques contra la infraestructura energética. En las últimas semanas, se han registrado seis atentados similares, que no solo han deteriorado las relaciones de paz, sino que también han generado un clima de incertidumbre y temor entre la población.
El ministro de Minas, Andrés Camacho, subrayó la importancia de restablecer la normalidad en la operación del oleoducto para evitar un colapso en la prestación de servicios públicos. Por su parte, las Fuerzas Armadas han intensificado su presencia en la zona con el fin de garantizar la seguridad y evitar futuros ataques.