La situación de violencia que viven en diferentes regiones del país y que, según esa organización, les ha costado la vida a 199 reincorporados y 34 familiares, fue expuesta por voceros del Consejo Nacional de Política del partido Farc en diligencia virtual ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de un comunicado, la JEP informó que la diligencia virtual se desarrolló en el marco de las actividades de trámite de medidas cautelares colectivas avocadas por la justicia transicional el 28 de abril pasado, dirigidas a proteger a los comparecientes de la fuerza pública y de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

La diligencia de ayer estuvo acompañada por la Procuraduría General, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. También contó con la participación de la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. En la diligencia virtual participaron 55 personas (entre magistrados, equipo de la JEP, comparecientes, abogados y demás intervinientes).

Por espacio de tres horas, desde los ETCR de La Guajira, Cesar, Caquetá, Tolima, Huila, Putumayo Meta, Casanare, entre otros territorios, los excombatientes presentaron denuncias sobre situaciones que afectan su seguridad y vida, que a la vez han ocasionado el desplazamiento de muchos reincorporados y sus familias. Por su parte, los miembros del partido Farc denunciaron las campañas de estigmatización y exclusión a que se ven expuestos.

Frente a esta situación, la magistratura de la JEP continuará evaluando la información allegada por los excombatientes y las entidades del Estado vinculadas al trámite de las medidas cautelares. Con base en los análisis convocará en los próximos días a una audiencia pública con el objetivo de establecer las causas estructurales de la difícil situación de riesgo y tomar medidas prontas para proteger a los comparecientes que se han sometido a la JEP.