LA CAÍDA por segunda vez de la reforma al Código Electoral en la Corte Constitucional, por vicios en el trámite legislativo, que se suma a que en los dos últimos gobiernos no salió a flote la reforma política, es un nuevo golpe a la intención de actualizar la normatividad en la materia y corregir varias falencias en el desarrollo de las elecciones, el funcionamiento de los partidos y la representación de las regiones en el Congreso, entre varios aspectos.
Como consecuencia, con la actual normatividad se realizarán las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, pues así se presentarán en las próximas semanas iniciativas de reforma política y del Código Electoral, el primero por requerir un acto legislativo y el segundo un proyecto de ley estatutaria, su trámite demandaría más de un año y de ser aprobados, sería poco probable que se aplicaran en esos comicios dado que cambiarían la regla de juego poco antes de ir a las urnas.
La reforma al Código Electoral ha sido un viejo reclamo en el país, que por fin dio frutos a finales del 2020 en el gobierno de Iván Duque con su aprobación en el Congreso. Sin embargo, luego la Corte lo tumbó por cinco razones atinentes a irregularidades en su trámite.
En tanto que la reforma política era uno de los proyectos claves que pretendía sacar adelante la Administración Petro en el Congreso, sin embargo, fracasó. Después de lograr su aprobación en primera vuelta en 2022, tuvo que retirarlo a comienzos del año 2023 porque la iniciativa se quedó sin respaldo de las distintas bancadas, ya que el texto fue cambiado de tal manera que perdió el espíritu de la idea original.
Algo parecido sucedió en el gobierno de Iván Duque, quien en las primeras de cambio de su mandato presentó un proyecto de reforma política, la cual se hundió en mayo del 2019 porque no logró un acuerdo entre los partidos sobre temas como listas cerradas y alternancia de género en las listas.
No obstante, los partidos, el Congreso y estudiosos del tema, como la Misión de Observación Electoral (MOE), insisten en la urgente necesidad de una reforma política y de modernizar el Código Electoral, que viene desde antes de 1986. A continuación, los aspectos principales que deben abordar estos proyectos.
- Financiación de las campañas
Es uno de los temas más problemáticos en las elecciones porque la autoridad en la materia, que es el Consejo Nacional Electoral, no tiene las capacidades suficientes para ejercer un efectivo control del cumplimiento de los topes de gastos de campaña que establece, así como del origen de los recursos.
El problema es de tal tenor que, en días pasados, la presidenta del Consejo Electoral, la magistrada Maritza Martínez presentó un proyecto buscando prohibir aportes en efectivo y cualquier manejo de este tipo para el desarrollo de las campañas.
Vale traer a colación que en este momento es investigada por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara, la campaña de Gustavo Petro en 2022 por supuestas irregularidades en la financiación.
- Régimen de los partidos
Otro de los problemas que se requiere corregir son las condiciones para el reconocimiento legal de los partidos, ya que hoy más allá de su estructura y organización como tal, se hace con base en una personería jurídica que logran producto de que superen el umbral en las elecciones legislativas y obtengan curules.
Ello ha llevado a una explosión de personerías jurídicas, pues hay 33 partidos y movimientos en esta condición, que les permite avalar candidatos y recibir financiación del Estado para su funcionamiento. Sin embargo, varios de éstos serían flor de un día porque desaparecerán si no tienen buenos resultados en las elecciones parlamentarias de 2026.
También crecen como la espuma los movimientos significativos de ciudadanos, que se conforman para respaldar en elecciones aspirantes que no se presentan por partidos, sino por firmas. Por ejemplo, en las regionales del año 2011 se inscribieron 213 de estos grupos; mientras que en similares comicios en 2023 fueron 1.311.
Por falta de regulación se ha visto que los candidatos bajo esta modalidad comienzan campaña antes del tiempo permitido y no presentan cuentas sobre el proceso de recolección de firmas. Así mismo, crecen las coaliciones, en donde en varios casos más que las identidades ideológicas y programáticas de las fuerzas políticas que las integran, se busca ganar el cargo en disputa. También en este mecanismo hay un vacío jurídico si triunfan cómo se reparten el poder.
Entonces se espera en la reforma política lograr un régimen que fortalezca los partidos y apunte a su permanencia alrededor de una plataforma ideológica definida.
- Circunscripción nacional
Otro de los motivos recurrentes en distintos proyectos de reforma política es acabar la circunscripción nacional en el Senado porque ha encarecido las campañas, incluso se habla de aspirantes que han gastado entre $5.000 y $10.000 millones en su afán de lograr la elección, superando los topes establecidos por el Consejo Electoral.
Otro problema por esta circunscripción es que las regiones con un bajo censo electoral, como Vichada y Guaviare, no alcanzan un senador. En el actual Congreso hay 10 departamentos que no tienen esta representación.
- Lista cerrada
Una de las principales polémicas en los distintos proyectos de reforma política es porque se ha querido implementar la lista cerrada como obligatoria, en la cual se vota por el partido y no por el candidato, como ocurre en la lista abierta.
La ventaja de la lista cerrada es que permite combatir el clientelismo y la compra de votos, así como se logra la paridad de género. Sin embargo, los que se oponen argumentan que bloquea la puerta a los nuevos liderazgos porque se volvería a la época del bolígrafo en que los directores de los partidos establecen el orden en los renglones favoreciendo a sus amigos.
- Democracia en los partidos
Se aboga por la democracia en los partidos para que las decisiones más importantes, como el respaldo a un candidato o que la colectividad haga parte de una coalición, sean tomadas no solo por las directivas, sino también se tenga en cuenta a la militancia.
Esto ya lo establece la Reforma Política de 2009 y su Ley Estatutaria 1475 de 2011, pero en la práctica no se ha desarrollado suficientemente, al punto que la mayoría de los partidos no tienen carnetizada a toda su militancia. Entonces se reclama una normatividad más clara y específica que haga obligatorio los mecanismos de democracia interna en las colectividades.
- Régimen de juzgamiento
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que conmina al Estado colombiano a adecuar la norma para que la suspensión o destitución de funcionarios de elección popular se haga por un juez, y no por una autoridad administrativa como la Procuraduría, ha generado controversia a pesar de que esta entidad adecuó su código disciplinario a dicha sentencia.
No obstante, se requeriría que una normatividad defina con mayor claridad hasta dónde va la competencia en esta materia del Ministerio Público y dónde comienza la del Consejo de Estado.
- Código Electoral
El principal problema del actual Código Electoral es que en buena parte es obsoleto porque es producto del Decreto 2241 de 1986 y, por ende, no recoge los cambios que se han vivido en la realización de elecciones a nivel nacional e internacional.
Hay varias dificultades que se han presentado en recientes elecciones y que es necesario remediar, como la trashumancia o trasteo de votos; la compra del sufragio; el constreñimiento al elector; inconsistencias entre los resultados del preconteo y los escrutinios, entre otros. Igualmente, se presentan dificultades porque los jurados de mesa tienen que llenar tres formularios E-14.
Otro asunto que se estima necesario adecuar es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues hay zonas grises que no dejan claro cuándo se configuran, por lo que después de la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, hay una cascada de demandas ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de la misma.