No logró su propósito una tutela que, entre otras cosas, buscaba cancelar un debate de control político programado hoy en la Comisión Quinta de la Cámara.

A través de esa acción judicial el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, buscaba evitar que la citante del debate, la representante Karen Cure, de Cambio Radical, ventilara presuntas irregularidades en contratación por más de $250.000 millones durante su administración.

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, según Cure, la Contraloría ya estableció que se perdieron $33.000 millones y aún faltan por auditar más de $250.000 millones.

Aunque el Juzgado de Conocimiento de Cartagena aceptó la acción de tutela, advirtió que la petición de cancelar este debate es denegada “por no ser procedente”.

En la solicitud, el exgobernador Turbay también advirtió que Cure ha hecho afirmaciones deshonrosas y calumniosas en su contra, a su vez pidió que se le obligue a retractarse y a ofrecer disculpas.

“Que se tutelen los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del suscrito”, alegó Turbay, “los cuales han sido vulnerados” por Cure “en su condición de representante a la Cámara”.

“El investigado y polémico exgobernador”, comentó la representante Cure, “interpuso tutela para evitar que se adelante el debate de control político en el que se evidencian los robos de los que ha sido víctima el departamento”.

Cure señaló que lo que le pide al Gobierno “es que antes de presentar cualquier nuevo proyecto de ley nos demuestren los supuestos buenos resultados porque la verdad es que ni siquiera se ha auditado el total de los montos girados durante el cuatrienio, dineros que superaron los $18 billones en todo el país”.

“Este oscuro episodio de corrupción tiene personajes siniestros que no ponen la cara, se ocultan para luego mostrarse como la mejor opción que tienen las ciudades para ser alcaldes o gobernadores, pero es nuestra labor advertir que sobre ellos pesan señalamientos de corrupción que deben ser aclarados por las autoridades”, expresó.

Al estár citados el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Francisco Barbosa.