PARA EL 14 de enero próximo quedó programada la audiencia de acusación por la Fiscalía a cuatro exfuncionarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el escándalo de corrupción en contratación: el exdirector Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; el exasesor Pedro Rodríguez; y exdirector de Conocimiento, Luis Barreto. También el contratista Luis López. Se filtraron ayer apartes del escrito de acusación, con detalles que hasta el momento el público desconocía.
En dicha audiencia en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el juez también deberá pronunciarse si acepta o no el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con estos exfuncionarios, y que por ello aceptaron responsabilidad y colaboran con las autoridades con información sobre los graves hechos, a cambio de reducción en la pena.
Olmedo López acepta su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Recibiría una condena de 7 años, 1 mes y 12 días. Se compromete a reintegrar $724 millones.
Sneyder Pinilla aceptó responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Tendría que pagar 6 años, 6 meses y 9 días de cárcel. Debe devolver $618 millones.
El contratista Luis López reconoció responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Le correspondería una pena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión. Quedaría obligado a reintegrar $7.722 millones.
Pedro Rodríguez aceptó que incurrió en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. El acuerdo con la Fiscalía contempla una condena de 4 años, 10 meses y 19 días. Debe reintegrar $1.000 millones.
Mientras que Luis Barreto aceptó su autoría en los delitos de peculado por apropiación y soborno. Pagaría una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión. Debe reintegrar $150 millones.
Nuevos detalles
La Fiscalía señala en el escrito de acusación que “desde por lo menos mayo de 2023 a septiembre de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique, para la fecha de los hechos, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública; otros servidores públicos y contratistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, así como particulares, entre ellos Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Ungrd”.
Inidcó que “la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”.
También la Fiscalía da crédito a la declaración de Olmedo López y Sneyder Pinilla de que parte de los dineros de la corrupción en la Ungrd fue entregado a congresistas, supuestamente, para que aprobaran las reformas del Gobierno.
El organismo determinó que Olmedo López instruyó a Pinilla para que consiguiera dinero de la contratación ilícita en esta entidad y contratos “para que fueran adjudicados a determinados congresistas u otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos”.
La investigación establece también que el entonces director de la Ungrd se puso de acuerdo con Pinilla para dirigir “contratos y órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que éstos pagaran coimas en favor de ambos”.
Añadió la Fiscalía que “en el marco de este concierto para delinquir se identificaron 75 órdenes de proveeduría y contratos”.
Agregó que las órdenes de proveeduría fueron principalmente para la adquisición de carrotanques, carros de bomberos y suministro de materiales; alquiler de carrotanques y los contratos de control y seguimiento de PROYECTA ING SAS; adquisición de carrotanques y contratos financiados con recursos reducidos del convenio celebrado entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd) y la Agencia Nacional de Tierras y que fueran liberados y trasladados a favor del Fngrd y contratos de Interventoría de maquinaria amarilla celebrados con la empresa INTRAFFIC.