EN LA medida en que avanzan las investigaciones en la Fiscalía y la Corte Suprema por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), más personas y entidades resultan comprometidas por la declaración de los implicados y el país se sorprende más por los truculentos hechos. Esta semana el presidente Petro le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hasta ahora la cabeza más alta que ha rodado del Gobierno.

Ya había salido del cargo a finales de junio pasado el ministro del Interior, Luis Velasco, aunque el Gobierno no dio a entender que la decisión tuviera que ver por los señalamientos en su contra en este escándalo de corrupción, sino que fue en el marco de un ajuste del gabinete, que significó el cambio de siete ministros.

Sin embargo, para muchos la salida de Velasco fue consecuencia de lo ocurrido en la Ungrd, que hizo insostenible su permanencia porque el exdirector de esta entidad, Olmedo López, dijo a la Fiscalía que fue uno de los altos funcionarios que supuestamente participaron en una reunión el pasado 27 de noviembre en el Palacio de Nariño, en donde aseguró que le dieron instrucciones para entregar dinero y contratos a algunos congresistas para que votaran a favor los proyectos del Gobierno.

La semana anterior se conocieron otros apartes de la declaración de López. Por ejemplo, aseguró que tuvo una reunión el 4 de diciembre de 2023 con el entonces ministro Velasco. “En esa ocasión éste le habría instruido sobre lo siguiente: hay que cumplirle a unos congresistas de la Comisión Primera del Senado”, dice un documento de la Corte.

Velasco ha dicho sobre las afirmaciones de López que “sus mentiras se las voy a destrozar ante la justicia”.

Semanas antes de que López decidiera colaborar con la justicia porque las investigaciones lo muestran como el principal responsable de la corrupción en la Ungrd, donde hubo sobrecostos millonarios en la compra de carrotanques, tanques, montaje de plantas desalinizadoras, especialmente para atender a la población de La Guajira, el exsubdirector de esta entidad, Senyder Pinilla, aseguró, también buscando reducir la pena que posiblemente recibirá, que le hizo llegar al entonces presidente del Senado, Iván Name, $3.000 millones y al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, $1.000 millones.

Hasta hace algunas semanas el presidente fue enfático en que “mi Gobierno no compra congresistas” y calificó de mentirosas las afirmaciones de López y Pinilla: “la falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados”, dijo Petro.

Sin embargo, al explicar esta semana la salida de Bonilla, abrió la puerta a eventualmente aceptar que algunos parlamentarios pidieron dádivas a sus funcionarios para aprobar iniciativas del Gobierno.

“Se impone cuidar economía, empresarios y pueblo, antes que quienes hacen oposición y los que piden cupos indicativos para congresistas, arruinen el país”, dijo el jefe de Estado. Enfatizó que “creo en la inocencia del ministro Bonilla”.

¿En qué va la Fiscalía?

El pasado 19 de julio la Fiscalía abrió investigación al ministro Ricardo Bonilla; al exministro Luis Velasco; al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, quien como consecuencia renunció al cargo; y a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, producto de la declaración de López y Pinilla.

López dijo que Velasco participó en la referida reunión del 27 de noviembre pasado; en tanto que afirmó de Carlos González que dicho encuentro se dio en su oficina en Palacio cuando él era director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Así mismo, el exdirector de la Ungrd sostuvo que el ministro Bonilla hizo direccionar tres contratos por $92.000 millones en Arauca, Bolívar y Córdoba para lograr el aval en la Comisión de Crédito Público para que el Gobierno buscara empréstitos a cargo de la nación por más de un millón de dólares.

La situación de Bonilla se complicó aún más esta semana porque medios revelaron apartes de la declaración a la Fiscalía que hizo María Benavides, exasesora en el Ministerio de Hacienda, quien dijo que el ministro direccionó contratos a congresistas de la Comisión de Crédito Público para lograr la aprobación a buscar créditos.

“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo Benavides a la Fiscalía.

También por la declaración de Benavides fue salpicada otra entidad en este escándalo, pues hasta el momento además de la Ungrd se había mencionado la Agencia Nacional de Tierras por un traslado de $100.000 millones.

Benavides dijo que Juan Oyuela, director de ejecución del Invías, sería el enlace para facilitar el pago a congresistas.

Bonilla aseguró que “no hay compra de congresistas”, y ahora liberado de su responsabilidad en la cartera se ocupará en defenderse de los señalamientos que lo tienen en la picota pública.

Por otro lado, vale mencionar que Bonilla salió del cargo el mismo día en que medios revelaron que en octubre pasado dio traslado a la Fiscalía de una denuncia anónima que llegó a su despacho, en la cual son señalados el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, de supuestamente presionar a la Junta Directiva de la empresa Urrá S.A., compañía de mayoría accionaria estatal, para entregar contratos a determinadas compañías.

Volviendo al escándalo en la Ungrd, la Fiscalía citó a declarar en los próximos días a Carlos González, pues según el organismo ordenó contratos por $60.000 millones en esta entidad.

Mientras que el próximo 11 de diciembre proseguirá la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Pinilla asegura que la entonces funcionaria fue la ‘mensajera’ supuestamente para llevar $3.000 millones a Name.

Otro que renunció al cargo por estos hechos es César Manrique, quien estaba al frente de Función Pública, y está en la mira de la Fiscalía porque según los testigos manipuló recursos públicos en el entramado de corrupción.

Corte Suprema

La Corte abrió investigación a los parlamentarios Calle y Name el pasado 5 de noviembre por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, relacionado con irregularidades en la adjudicación de contratos de la Ungrd.

El 27 de noviembre estos congresistas en indagatoria reiteraron lo que han dicho desde que fueron involucrados en este escándalo, que no es cierto que recibieron dinero a cambio de votar a favor las iniciativas del Gobierno.

Unos días antes, el 12 de noviembre, la Corte abrió investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, quienes integraron la Comisión de Crédito Público y se habrían beneficiado con el direccionamiento de tres contratos por $92.000 millones.

Ellos son los senadores Liliana Bitar y Juan Gallo; y los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Muñoz.

Los parlamentarios ya declararon, esta semana lo hicieron los representantes Manzur y Manrique, quienes se acogieron al derecho a guardar silencio; así como la senadora Bitar, quien sí dio explicaciones. Todos ellos han manifestado que nada tienen que ver con los señalamientos de Olmedo López y María Benavides.

También en la presente semana, la Corte solicitó al presidente Petro declarar en la investigación que adelanta a estos cinco congresistas y un exparlamentario integrantes de la Comisión de Crédito Público.

El Alto Tribunal en julio pasado requirió la declaración del mandatario en los procesos a Iván Name y Andrés Calle.

De igual forma, Benavides acudió esta semana a la citación de la Corte a declarar por lo que ha dicho a la Fiscalía, sin embargo, guardó silencio.