Los siete militares señalados del presunto abuso sexual a una menor indígena de 13 años cerca de una guarnición militar en Pereira aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Los implicados -soldados profesionales pertenecientes al Batallón San Mateo -,Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández,  fueron presentados este jueves ante un juzgado de la ciudad de Pereira, que decidió enviarlos a prisión intramural. Se presentaron vestidos de civil y bajo fuertes medidas de  seguridad.

El juez de Control de Garantías ordenó que la reclusión se cumpla en una guarnición militar aún no definida por el Ejército, aunque es posible que continúen privados de la libertad en la sede del Batallón San Mateo.

Desde Cali, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que los militares investigados “mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia. No vamos a ceder en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Barbosa agregó que los uniformados reconocieron la tropelía de sus actos. “Se solicitó para ellos medida de aseguramiento en establecimiento carcelario (contra los militares), como presuntos responsables del presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Seis de ellos en calidad de autores y uno como cómplice”.

El ente acusador tiene como material probatorio, además del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, el testimonio de la hermana de la niña y otros familiares quienes se habrían percatado de su ausencia en la comunidad Embera Chamí, a la que pertenecen, y testimonios de 25 uniformados del batallón al que estaban adscritos los militares.

En su intervención, el fiscal Barbosa dijo que este acto “me repugna como hombre, como padre de familia”, por ello destacó que la investigación presenta resultados en menos de 72 horas, pues se realizaron más de 40 actos de investigación.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente. A los ciudadanos, a los padres de familia, les digo que el Fiscal General de la Nación está en las calles y en los territorios, no está encerrado ni confinado. Los funcionarios están en las calles, estamos dándole la vuelta al país para que los colombianos sientan que nuestras manos están ahí para apoyarlos”,  añadió.

Intento de soborno.

De otro lado, líderes indígenas y familiares de la menor aseguraron que los uniformados habrían intentado ofrecerles dinero a cambio de silencio en este acontecimiento.

“Tenemos miedo. Nosotros somos pobres y tenemos mucho miedo porque de pronto ellos (los soldados) nos manden a hacer algo. Mi familia sabe quiénes son ellos”, dijo uno de los familiares de la víctima. 

Y agregó que la menor desapareció de su casa el pasado domingo 21 de junio pasadas las cinco de la tarde, y que solamente dijo que se iba a recoger frutas, pero no regresó.

“Comenzamos a buscarla. Solo hasta las tres de la mañana vino a descansar un momento porque yo le dije que descansara, que esperara a que amaneciera porque íbamos a buscarla. Y fuimos a buscarla y ya fue que encontramos a mi hermana”, contó.

La niña permanece recluida en el hospital de  Pueblo Rico (Risaralda) donde se recupera de las lesiones.

Cabe recordar que el pasado miércoles, el presidente Iván Duque advirtió que se irá hasta el fondo de las investigaciones y si "nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, lo haremos". 

Sin embargo esta iniciativa aprobada por el Congreso no ha entrado aún en vigencia y, por tanto, no podría aplicárseles a los siete implicados, pues además hay que esperar una ley reglamentaria cuyo trámite legislativo tardaría cuanto menos un año.