El “elefante blanco” en que se convirtió el edificio que se construyó para servir como sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en la ciudad de Santa Marta, tendría que ser demolido para volverse a construir, y por lo tanto pagarse de nuevo, sin que existan los recursos para tal fin.

Así lo advirtió el contralor general de la República, Edgardo Maya, al trasladarle al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, las pruebas que obran en el proceso de responsabilidad que, en cuantía de 4.521 millones de pesos, se adelanta por parte del organismo de control por “este increíble caso de despilfarro de recursos públicos”.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables tanto la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS), como el contratista Oscar Daniel Garzón, quien el 24 de abril de 2016 fue inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado por un término de cinco años.

Según advirtió el contralor Maya, para poder habilitar la sede de la ESAP en Santa Marta, sería necesario demoler lo actualmente construido para que sea levantada una nueva estructura que brinde la seguridad y estabilidad que se requiere. Es decir: habría que volver a pagar la sede que ya se construyó para hacerla de nuevo.

Le puede interesar: Así ha avanzado calidad de vida en Bogotá.

Sin embargo, toda vez que los recursos para la construcción de la sede habían sido apropiados oportunamente, y la obra fue contratada en su momento, no existen hoy recursos adicionales para su demolición y reconstrucción, por lo que el proyecto no fue incluido dentro de los priorizados por el Gobierno nacional para el presupuesto de 2019. Luego, no hay cómo terminar la obra.

Las graves anomalías alrededor de este fallido proyecto, fueron evidenciadas por la Contraloría desde el mismo momento en que se hizo una auditoría a la ESAP (sobre la vigencia 2015), y sobre las que el contralor Maya ha llamado la atención en reiteradas oportunidades, en múltiples oficios dirigidos tanto a la dirección del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), que ejercía la gerencia integral del proyecto, como a la dirección nacional de la ESAP, todas las cuales fueron nuevamente puestas en conocimiento de la Procuraduría, para las investigaciones disciplinarias de su competencia.

En su momento, en la auditoría a la ESAP se evidenció que las obras contratadas no cumplían con las normas antisísmicas de resistencia y, a pesar de que no habían sido avaladas por la ESAP y presentan fallas estructurales, fueron recibidas por Fonade.