Después de dos días de negociaciones y diálogos entre representantes del Gobierno nacional, la Gobernación del Chocó y los trabajadores del sector minero en el departamento, se levantó el paro que se mantenía desde el martes 5 de noviembre. La protesta, que había paralizado varios municipios como Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, fue impulsada por las demandas de los pequeños y medianos extractores de minerales, quienes exigían una mayor formalización de su labor, así como la protección de sus unidades de producción.
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— EL NUEVO SIGLO (@ElNuevoSiglo) November 8, 2024
Aunque las negociaciones aún no han concluido, se alcanzaron varios preacuerdos que serán ratificados el 13 de noviembre en la Mesa Minera. En este espacio, se definirán los compromisos para iniciar el proceso de formalización y titulación que beneficiará a los mineros del departamento.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, destacó los avances logrados en los diálogos y aseguró que el objetivo es garantizar a los pequeños y medianos mineros “unas garantías y protecciones” para que puedan continuar con sus labores de manera digna y respetuosa con el territorio. Además, señaló que la formalización será clave para la estabilidad económica de muchas familias en la región.
Por su parte, José Correa, representante de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, reconoció la voluntad de las partes involucradas, aunque también advirtió que aún faltan detalles por resolver. Correa señaló que, a pesar de los avances, la falta de participación del Ministerio de Defensa en las conversaciones dejó algunos puntos sin consenso.
El conflicto minero tiene su origen en la preocupación de los mineros por el cumplimiento de la sentencia TSI-22, que declaró al río Atrato como sujeto de derechos. Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó, expresó que el gobierno nacional ha incumplido esta sentencia, especialmente en lo referente a la formalización de los mineros tradicionales. Además, Quinto denunció que el gobierno ha destruido maquinaria minera sin ofrecer un plan de formalización para quienes ejercen la minería ancestral.
Entre las principales demandas de los mineros se encuentran la creación de un plan de formalización, la regularización de sus actividades, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales y la eliminación de la estigmatización de la minería ancestral como actividad criminal.
Aunque el paro ha sido levantado, los mineros dejaron claro que continuarán vigilantes de los compromisos adquiridos, y no cesarán su lucha hasta lograr una solución definitiva a sus problemas.