Desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, y hasta la fecha, se han capturado 9.700 personas, reveló ayer el ministro del Interior, Daniel Palacios. Esta norma fue expedida por el Congreso, por iniciativa gubernamental, con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan a los ciudadanos en las calles. Por ello castiga la reincidencia y tipificó el porte de cuchillos.
El Ministro del Interior hizo el anuncio durante la instalación del primer Seminario de Implementación de fortalecimiento a la Ley de Seguridad Ciudadana, en el que participaron también el subdirector general de la Policía Nacional, general Hoover Penilla, y el director de la ESAP, Octavio Duque.
La Ley de Seguridad Ciudadana vigente “establece temas tan claros como que quien comete un delito violento no pueda recibir ni la excarcelación ni pueda recibir casa por cárcel. Esa persona tiene que recibir una medida de aseguramiento intramural mientras espera su juicio, quiere decir, el delincuente violento en la cárcel mientras espera el juicio y no en la calle delinquiendo”, dijo el jefe de la cartera política.
Agregó que con esta Ley “tenemos varias situaciones, la reincidencia en donde personas que hayan sido condenadas nuevamente eran capturadas y no había ninguna valoración adicional por el juez. Aquí a quien tenga una medida de aseguramiento que fue expedida en los últimos cinco años, el juez lo debe tener en cuenta para agravar la pena, para agravar la sanción”.
Dijo también Palacios que quien comete un delito utilizando un arma de fuego, un arma blanca, “tiene que ser considerado por el juez como un peligro para la sociedad. Quiere decir, esa persona no puede estar en la calle mientras espera el juicio, no puede estar con casa por cárcel, sino tiene que tener una medida de aseguramiento intramural”.
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Rosario de demandas
Igualmente el Ministro del Interior dijo que se han presentado más de 28 demandas a Ley de Seguridad Ciudadana, de las cuales 26 fueron inadmitidas.
“Hay dos que fueron admitidas y esas están sobre artículos en particular. Evidentemente, haremos la defensa sobre esos artículos demandados”, aseguró Palacios.
El Ministro del Interior dijo que la Ley de Seguridad Ciudadana da herramientas claras para luchar contra la criminalidad, mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
“La Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para proteger a las víctimas, para atacar al delincuente y criminal y no para garantizarles a los victimarios su tranquilidad”, indicó el jefe de la cartera política.
Por su parte, el Subdirector General de la Policía Nacional resaltó la iniciativa del Ministro del Interior de hacer y materializar el proyecto.
“A buena hora, señor Ministro del Interior, usted tuvo la iniciativa de hacer el anteproyecto, materializarlo, llevarlo al Congreso para que surtiera los trámites correspondientes y la sanción presidencial”, señaló el general Hoover Penilla.
La Ley de Seguridad Ciudadana fue sancionada en enero pasado por el presidente Duque. Entre sus puntos más importantes, contempla el castigo a la reincidencia, pues la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos.
De igual forma, quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley, de 58,3 años de prisión.
También tipifica como delito el porte de arma blanca en evento masivo. Así mismo, se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
Uno de los aspectos más polémicos de la norma, y que así se refleja en las demandas que se han presentado, es que establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal en su habitación o vehículo.
Entre las demandas a la Ley de Seguridad Ciudadana se cuenta una acción de inconstitucionalidad que presentaron más de una decena de organizaciones, entre otras el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, contra 13 artículos de la Ley 2197 de 2022.
Argumentaron en esta demanda que la Ley de Seguridad Ciudadana va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo.