En medio de la puja que se ha dado en los últimos años en las diferentes ciudades entre los taxis y Uber por el transporte de pasajeros, y que va en que ésta última salió del país por no cumplir la normatividad, un gremio de los taxistas le pidió ayer al presidente Duque que se presente un proyecto al Congreso para sancionar severamente a los conductores que presten un mal servicio, incluso retirando la licencia de conducción. Vale recordar también que en el Parlamento está para estudio una iniciativa que busca regular el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales.

De esta forma si el Gobierno Nacional decidiera acoger a través del Ministerio de Transporte esta iniciativa del gremio de los taxistas, coincidirían en el Parlamento en pos de normas sobre su operación dos sectores que se han enfrentado en las calles, incluso de forma violenta.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (APTC), Hugo Ospina, indicó a Blu Radio que “las propuestas de nuestra organización gremial para las sanciones que se les va a imponer a los conductores de taxi que tengan el taxímetro adulterado, que presten un mal servicio, que no tengan un comportamiento en la vía excelente, le vamos a proponer al Congreso de la República que le quitemos la licencia de conducir de servicio público y le bajemos la categoría”.

Ospina dijo que ayer le enviaron un escrito “al señor Presidente de la República”, en donde proponen que “conductor de servicio público individual en Colombia que maltrate al usuario, que por ‘allá no voy a la hora 9 de la mañana’ que el usuario necesita el servicio, que rompió el bus del Transmilenio,  que incluya nuestras propuestas para que estos conductores de taxi que a pesar de la formación y la capacitación que les han dado algunas empresas, no quieren cambiar, le vamos a quitar su tarjeta de profesional, que es su licencia de conducir”.

Explicó que la idea es que la drástica medida se aplique a conductores que incurran en faltas muy graves en la prestación del servicio. “Habrá conductas que se van a calificar de leves, más o menos leves, graves y muy graves. Habrá cosas que se podrá simplemente hacer un llamado de atención”, indicó el líder gremial.

Pero la propuesta de los taxistas no se queda allí, Ospina dijo que además “le estamos proponiendo también al Presidente de la República que así como estamos proponiendo esto tan fuerte para nuestro gremio, le estamos solicitando al Presidente de la  República y a la  Ministra que todo aquel que preste servicio no autorizado con vehículos particulares, también pase como la minería ilegal, que también les destruyan esos vehículos”.

El pasado 1° de febrero la plataforma Uber decidió retirarse del país luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio determinara a finales de diciembre que cesara su operación por considerar que incurrió en actos de competencia desleal por violación de normas al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.

Uber llegó a Colombia en 2013 y desde entonces se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, ante el rechazo de sindicatos de choferes y propietarios de taxis, que en varias ocasiones han protestado en las calles contra sus competidores.

Plataformas

Está pendiente de discusión en el Congreso de la República un  proyecto de ley que presentaron distintas bancadas para regular el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales.

La iniciativa señala que las aplicaciones y plataformas digitales constituyen un elemento cada vez más presente en la cotidianidad de los ciudadanos colombianos, “razón por la cual es un fenómeno que necesita ser regulado en su integridad”, indica.

El proyecto indica que “el servicio privado de transporte, es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización y transporte de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades, exclusivas o comerciales, permanentes y/o transitorias, de las personas naturales y/o jurídicas y sin que ello exija la vinculación a una empresa de transporte”.

En ese sentido la iniciativa establece que “con el fin de garantizar la calidad e idoneidad del servicio de transporte y la seguridad del usuario, el servicio privado de transporte deberá ser prestado exclusivamente a través de la intermediación de plataformas digitales”.