La propuesta dada recientemente por el gobierno define las condiciones que deberán cumplir aquellos que aspiren a importar vacunas contra el covid-19.

En primer lugar, la vacuna importada debe tener Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia del Invima. Además, debe garantizar la aplicación de las vacunas en prestadores de servicios de salud o en espacios diferentes a estos, que tenga el servicio de vacunación habilitado.

En segundo lugar, los privados deberán garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas, contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos y que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para cada vacuna.

Así mismo, los empresarios deberán asumir los costos de la importación y de los biológicos, así como los de aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma (diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud, registrar y asumir los costos del registro).

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En esta resolución, el Ministerio aclara que los privados no podrán valerse de la capacidad operativa de los prestadores de servicios de salud con la que cuenta el Plan Nacional de Vacunación, sino que deberán usar una red alterna a la existente.

Además, se establece que la aplicación debe ser gratuita para el beneficiario final y en caso de presentarse alguna reacción adversa, estas personas deben ser atendidas directamente por sus aseguradoras.

"Los departamento y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, así como los requisitos para su distribución y aplicación, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social", dice el comunicado

Finalmente, se indica que los privados no podrán adquirir vacunas por encima de los precios resultantes de las negociaciones centralizadas del Gobierno.