La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra Julián Bedoya Pulgarín, exsenador y excandidato a la Gobernación de Antioquia, por presunto fraude en la obtención de su título de abogado. El proceso judicial, que se ha extendido desde 2019, señala al exfuncionario de manipular trámites y documentos académicos para obtener su grado de manera irregular en la Universidad de Medellín.
Después de años de controversia y denuncias, el exsenador enfrentará la justicia por las supuestas irregularidades cometidas para obtener su título de abogado. La acusación, presentada por el fiscal especializado Fernando Arias, imputa a Bedoya los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
El caso, que ha captado la atención pública desde finales de 2019, detalla cómo el hombre, aprovechando su posición como senador, presuntamente manipuló el sistema académico de la Universidad de Medellín. Según la investigación, Bedoya fue readmitido en la universidad en 2018 y, en un tiempo récord, presentó y aprobó numerosos exámenes necesarios para su titulación en derecho. Estos exámenes, que normalmente requieren un proceso más extenso, fueron supuestamente facilitados por directivos y docentes de la universidad, quienes ya han sido condenados por su participación en estos hechos.
El exrector de la Universidad de Medellín, Néstor de Jesús Hincapié Vargas, fue condenado a 70 meses de prisión en mayo de 2023 por su implicación en el fraude. Junto a él, otros exfuncionarios y docentes, incluidos Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández Giraldo, también enfrentaron condenas por su papel en la alteración de los procesos académicos que beneficiaron al exsenador.
En el escrito de acusación, de 20 páginas, la Fiscalía detalla cómo Bedoya presentó múltiples exámenes en un corto periodo, entre octubre de 2018 y febrero de 2019, y cómo se alteraron documentos de reingreso, exámenes de suficiencia, y otros requisitos académicos. La investigación también revela que él habría llegado a acuerdos con altos funcionarios de la universidad, ofreciéndoles apoyo político a cambio de facilitar su titulación. Estos acuerdos implicaban no solo la obtención del título, sino también la manipulación de votos para beneficiar a allegados de los funcionarios universitarios.
El escándalo no solo tuvo repercusiones legales, sino que también sacudió la reputación de la Universidad de Medellín. La facultad de Derecho invalidó el título en abril del año pasado, y el Ministerio de Educación, junto con la Procuraduría, inició investigaciones que ampliaron el alcance del caso.
La defensa sostiene que las acusaciones se basan en interpretaciones erradas de los reglamentos universitarios y que muchas de las pruebas carecen de fundamento sólido. No obstante, el proceso judicial continúa, y el exsenador deberá enfrentar las pruebas presentadas por la Fiscalía en un juicio cuya fecha aún está por definirse.