Este miércoles el gobierno de Iván Duque presentó los resultados de la Política Paz con la Legalidad en los primeros dos años y se comprometió a continuar desarrollando todos y cada uno de los elementos contenidos en esta política durante los años que resten de su mandato.
Según informó el Ejecutivo, se formuló la Hoja de Ruta Única, herramienta que permite articular diversos instrumentos de planeación y determinar el cronograma de las intervenciones públicas que se precisan en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza a lo largo de diez años.
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De igual manera, se establecieron 14 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en cuyas jornadas de elaboración participaron más de 220.000 ciudadanos, quienes priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas. Ha sido uno de los ejercicios de planeación participativa promovido por un Gobierno, más ambiciosos en toda la historia republicana del país.
Por lo tanto, en dichas regiones se han entregado 888 obras y 82 se encuentran en ejecución, con una inversión de $164.000 millones aproximadamente; esto es un promedio de 35 obras entregadas cada mes, más de una diaria.
Entre tanto, 4.254 ciudadanos accedieron por primera vez al servicio de energía eléctrica, mientras que 17 proyectos de electrificación rural se encuentran en curso, que llevarán por primera vez energía eléctrica a otras 3,840 familias, con una inversión de USD 17.3 millones.
De igual manera, 3.088 colombianos accedieron al servicio de agua potable por primera vez, 10.800 jóvenes accedieron a la educación superior, 203 centros educativos recibieron dotación de material pedagógico, 1.868 agricultores tienen asegurada la compra y comercialización de sus cosechas.
Asimismo, el Gobierno informó que 16.446 personas se han beneficiado, en los últimos 24 meses, del programa para construir capacidades empresariales a través de la cofinanciación y acompañamiento de proyectos productivos a través de una inversión directa de USD 14.25 millones.
También se han instalado 165 Zonas Digitales Rurales que permiten acceso a servicios de Internet en igual número de municipios PDET y se han otorgado 752.000 cupos de formación para el trabajo en estos sectores.
En cuanto a infraestructura, se informó que hay 1.624 km. de vías mejoradas, beneficiando a mas de 1.8 millones de personas; 31 acueductos y alcantarillados construidos y optimizados, con un impacto en 137 mil personas; y 3.056 viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica, beneficiando a más de 11 mil personas.
Víctimas
El Gobierno informó que las víctimas siempre han estado y seguirán estando en el centro de la atención de esta administración y de la política de Paz con Legalidad. Por lo tanto, 314.469 han recibido atención psicosocial y salud integral y que 79.806 accedieron a la medida de rehabilitación psicosocial con una inversión superior a USD 3.1 millones.
Además, han sido indemnizadas 199.308 víctimas (el 17% de las víctimas indemnizadas históricamente) por un valor cercano a los $1,6 billones de pesos y se ha logrado reparar administrativamente a 13 sujetos colectivos, de los 16 que se han reparado históricamente.
Adicionalmente, se han implementado 926 acciones reparadoras en cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con una inversión cercana a $108.355 millones (USD 28,5M).
De igual manera, señaló que durante los últimos dos años, 324,299 víctimas de desplazamiento forzado superaron su situación de vulnerabilidad, lo cual representa al 18% de la población que históricamente ha salido de esa situación, pues a hoy ya son 1´813.644 las víctimas que han accedido a todos estos derechos.
"Se alcanzó una tasa de cobertura de afiliación al sistema de seguridad social y salud para la población víctima de la violencia del 93%.", indicó el Ejecutivo.
Restitución, formalización y fondo de Tierras
En esta materia, el Gobierno indicó que con la política de Paz con Legalidad se ha llegado a zonas donde antes no se intervenía, por lo cual la restitución llega a más del 80% del territorio. Durante este mandato, se han intervenido 106 zonas nuevas de la mano de la Fuerza Pública, de las cuales 55 están ubicadas en municipios PDET.
En ese sentido, en estos dos años se han restituido más de 50.000 hectáreas y la Unidad de Restitución de Tierras en la ruta individual ha presentado ante la justicia 4.155 demandas de restitución, lo que representa el 37% de las solicitudes radicadas durante toda la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
Por su parte, en la ruta colectiva, el porcentaje de demandas para restituir los derechos territoriales de comunidades étnicas también representa un avance significativo, durante este Gobierno se han radicado 38 demandas, lo que representa el 41% del total demandas presentadas durante la vigencia de la ley.
En materia de sentencias, se han devuelto 52.163 hectáreas, beneficiando a 22.978 víctimas de despojo y desplazamiento forzado que hacen parte de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Durante estos dos años 981 proyectos productivos han beneficiado a igual número de familias, en 20 departamentos afectados por la violencia, con inversiones de más de $31.400 millones para proyectos de ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, plátano, yuca, pimienta, ají y teca, entre otros. Con estas familias se ha logrado la firma de 1.043 acuerdos de comercialización.
Además, se han ingresado 792.004 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, para un total de 1.018.835 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 78% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo y se han entregado a través del Fondo de Tierras 32.469 hectáreas en beneficio de 3.672 familias.
"403.820 hectáreas han sido formalizadas durante el Gobierno del Presidente Duque, lo cual representa un avance en el 20% sobre el avance total de hectáreas regularizadas. De este número 61.786 hectáreas han sido regularizadas en municipios PDET, beneficiando así a 9.105 familias", señaló.
Protección de excombatientes y reincorporación
En los primeros dos años de Gobierno, 13.663 excombatientes han sido vinculados por el Gobierno al sistema de seguridad social en salud, lo que representa un 98.1% de su totalidad en los últimos dos años, y 11.491 (82,5%) hacen parte del sistema de pensiones.
Además, el Gobierno del presidente Duque ha desembolsado USD 57.47 millones para el pago a los excombatientes de las garantías económicas acordadas y 64 proyectos productivos colectivos han sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación.
Es decir, se han vinculado a 2.900 personas en proceso de reincorporación, por un valor de USD 8.7 millones, por lo cual, el 96% de los proyectos colectivos han sido desembolsados durante este Gobierno.
También han sido aprobados 1,467 proyectos productivos individuales, beneficiando a 1.734 personas por USD 3.6 millones y 5.819 personas en reincorporación han accedido a programas de formación académica.
Igualmente, más de 1.300 niños y niñas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR) cuentan con asistencia alimentaria y 2.294 niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a su seguridad, a la fecha están implementados 265 esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (226 individuales; 12 colectivos; 26 para antiguos ETCR y uno para la sede del partido Farc).
De igual manera, más de 3.900 efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía prestan servicios de protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, es decir, un promedio de 1,05 efectivos de Fuerza Pública por cada persona que allí habitan.
Adicionalmente, más de 12 colectivos de reincorporación -distintos de los ETCR- cuentan con esquemas de protección y recientemente se aprobaron 6 más que están por ser implementados.
Participación política
En el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales, se realizaron 21 talleres de prevención de la estigmatización denominados: “Construyendo paz, territorio y vida”, con enfoque en la participación política. Las regiones priorizadas cubrieron el 87% de las candidaturas.
El Comité consideró criterios de asignación colectiva y recomposición que permitieron una gestión adecuada de los esquemas de protección para garantizar la cobertura más integral posible.
Por lo tanto, 117 candidatos contaron con esquemas de protección por parte de la UNP, es decir el 37% de los candidatos. 29 candidatos de ellos ya tenían esquema de protección al momento de ser candidatos y 88 fueron cubiertos con medidas ordenadas en el CORMPE.
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
El Gobierno ha invertido 232 millones de dólares en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos que ha beneficiado a las 99,097 familias que le apostaron a la legalidad en 14 departamentos y 56 municipios del país.
En ese orden de ideas, para apoyar a las familias que se encuentran en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) se avanza en lograr 16.121 hectáreas de coca erradicadas voluntariamente por las familias y con asistencia de la Fuerza Pública.
Además 74.255 familias recibiendo pagos por concepto de asistencia alimentaria inmediata, 60.877 familias recibiendo insumos y herramientas por concepto de autosostenimiento y seguridad alimentaria y 61.769 familias recibiendo el servicio de asistencia técnica integral.
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De igual manera, en época de pandemia se han hecho 33.324 pagos a familias vulnerables en 49 municipios, los cuales se vienen emitiendo con normalidad, por un valor total superior a los $66 mil millones.
Desminado Humanitario
Finalmente, el Gobierno afirmó que desde la posesión de Iván Duque en la Presidencia, se han despejado 2.658.994 metros cuadrados, destruido 954 artefactos explosivos y se han declarado 132 municipios libres de sospecha de minas antipersonal.
Asimismo, son 715 municipios con registro de sospecha de presencia de minas, de los cuales, a julio 2020, se han declarado libre de minas antipersonal 407 municipios; es decir, el 56% y se ha liberado más del 36%(2.417.125 m2) del total histórico de metros cuadrados (6.776.711 m2).
El 14 de agosto pasado fueron declarados libres de sospecha de minas antipersonal 16 municipios, para un total de 404 municipios libres de la presencia de tales artefactos, llegando al 57% del total de estimación a nivel nacional.
Estos son: en Antioquia (cinco municipios: Liborina, Maceo, Puerto Berrío, San Jerónimo, y Santa Rosa De Osos); Sucre (cuatro municipios: Chalán, Guaranda, Majagual, y Ovejas); Santander (dos municipios: California y Puerto Wilches); Meta (un municipio: El Calvario); Caquetá (un municipio: Morelia); Bolívar (un municipio: El Guamo); Tolima (un municipio: Ibagué) y Cesar (un municipio: San Alberto).
A la fecha, en 68 municipios de 18 departamentos se están reiniciando operaciones de desminado humanitario, cumpliéndose con todos los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la
propagación del covid-19, y con la aprobación de las autoridades locales.