La política de seguridad del gobierno Duque está bajo la mira. Y no es para menos dados los graves hechos ocurridos en las últimas semanas en distintas zonas del país, que ponen en duda la eficacia de la Fuerza Pública y las directrices dadas desde el Ejecutivo.

Por ejemplo, es muy grave el atentado del viernes pasado contra el helicóptero en que se movilizaba el presidente Iván Duque, que fue impactado por varios disparos de fusil cuando la aeronave se disponía a aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. No solo está el hecho mayúsculo de que intentaron asesinar al Jefe de Estado, sino que hubo una falla gravísima en el operativo de seguridad oficial.

No pocos exmandos militares y policiales han advertido que si bien la culpabilidad de la acción criminal que pudo costarle la vida al presidente Iván Duque, dos ministros, el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta, es de los atacantes, muy posiblemente guerrilleros del Eln o las disidencias de las Farc, salta a la vista que hubo un exceso de confianza de los encargados de la seguridad del Jefe de Estado.

Y es que no hay que olvidar que en la capital del Norte de Santander existía un estado de alerta desde el pasado 16 de junio, cuando estalló un carro-bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, que aunque produjo casi 40 uniformados heridos, milagrosamente no dejó víctimas fatales. Hecho notorio fue que entre los objetivos del ataque estaba personal de una unidad élite de asesores militares estadounidenses.

De nuevo es claro que se cometió un gravísimo error en el operativo de seguridad de la sede castrense, ya que los videos muestran cómo la camioneta cargada con explosivos entra por uno de los ingresos de la Brigada sin mayor inspección y minutos más tarde el conductor también abandona, a pie, las instalaciones sin ser requerido por nadie.

Se suponía que después de lo ocurrido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, en Bogotá, cuando una camioneta ingresó a la fuerza y tras avanzar más de un kilómetro explotó en un parqueadero, dejando más de 22 alumnos muertos, se había extremado la seguridad en todas las sedes castrenses para evitar este tipo de acciones terroristas.

Lo cierto es que lo ocurrido en Cúcuta no se puede considerar como un hecho aislado, toda vez que la situación a lo largo de la frontera con Venezuela está cada vez más complicada de manejar. El Eln y las reincidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Márquez’, tienen ese territorio como retaguardia estratégica (con complicidad evidente de la dictadura) y desde allí buscan adueñarse a sangre y fuego del dominio de los narcocultivos del Catatumbo y las rutas para sacar la droga y el oro de la minería ilegal.

Más al sur, hacia Arauca, las disidencias de ‘Gentil Duarte’, ingresaron a Venezuela a pelearle el control de focos de economías ilícitas a las reincidencias, que incluso tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Ello llevó a un complejo escenario bélico en Apure, con bajas en todos los bandos, uniformados secuestrados e incluso con relación directa al abatimiento semanas atrás de alias ‘Jesús Santrich’.

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Más alertas

Lamentablemente no es la única alarma que está prendida frente a la eficacia de la política de seguridad. Lamentablemente se ha denunciado la existencia de una especie de ‘plan pistola’ contra la Policía.

Solo el fin de semana que acaba de terminar cuatro uniformados fueron asesinados. El primer caso ocurrió en zona rural de Pance (Valle) y luego otros tres uniformados perdieron la vida en un ataque sicarial cuando se encontraban con sus familias en un establecimiento nocturno, fuera de servicio obviamente, en Pailitas (Cesar).

A estos casos deben sumarse los homicidios y heridas graves que sufrieron integrantes de la Policía durante la reciente ola de paros en el país.

Para nadie es un secreto que el rol de la Fuerza Pública durante las siete semanas que duró el grueso de las protestas en todo el país, desembocando en no pocos casos en vandalismo, bloqueos y actos típicos de terrorismo, fue objeto de amplio debate a nivel nacional e internacional.

Mientras que, de un lado, se acusó a los contingentes policiales, especialmente al Escuadrón Antidisturbios, de un exceso en el uso de la fuerza, incurriendo en posibles violaciones a los derechos humanos; de otro, en no pocos sectores se urgió de la Fuerza Pública una intervención más efectiva y contundente para despejar las vías e imponer el principio de autoridad legítima, sobre todo por la alta afectación productiva y a la ciudadanía que no hacía parte de las protestas.

A ello debe sumarse que en lo corrido del año hay fenómenos criminales que no han dejado de crecer. Por ejemplo, en solo el primer trimestre el desplazamiento forzado afectó a más de 27 mil personas, sobre todo en zonas del Chocó.

En cuanto a masacres, el monitoreo de Indepaz señala que entre enero y el pasado fin de semana, cuando se registró la matanza de cinco personas en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), se han perpetrado 46 asesinados colectivos, con un total de 175 víctimas.

En lo que tiene que ver con crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, Indepaz señala que este año han sido asesinadas 82 personas, en tanto que 26 desmovilizados de las Farc fueron blanco de homicidio o desaparición forzada.

A todo lo anterior debe sumarse que los resultados antidroga que el Gobierno ha venido destacando de manera recurrente sufrieron un duro revés el viernes pasado cuando la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca reportó que la extensión de narcocultivos en nuestro país al cierre de 2020 era de 245 mil hectáreas y más de 1.010 toneladas métricas de cocaína en potencial de producción.

No solo aumentó la extensión respecto a 2019, cuando se registraron 212.000 hectáreas sembradas de coca y unas 936 toneladas métricas producidas de cocaína, sino que el informe de EU contradice el revelado el pasado 9 de junio por la oficina del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (Simci), según el cual en 2020 hubo una reducción del 7% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 el año pasado.

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Cifras vs. Percepción

Es claro que para el Gobierno, los resultados de la política de seguridad de este año, acorde con las estadísticas oficiales, han sido positivos.

Por ejemplo, entre enero y junio se han incautado 278.545 kilos de clorhidrato de cocaína, un 33% más que en 2020. También aumentó lo relativo a decomiso de pasta base de coca, marihuana, narcoinsumos, interdicción de 81 vuelos sospechosos e inmovilización de 63 aeronaves. En cuanto al microtráfico se han realizado 449 operaciones en 470 municipios. Por igual se han dado fuertes golpes a cabecillas de ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparros’, entre otras bandas criminales.

A ello se suma una reducción en materia de homicidios y la mayoría de delitos de alto impacto, obviamente teniendo en cuenta que el año pasado, por cuenta de la cuarentena, muchas conductas ilegales bajaron ya que había menos personas circulando.

Sin embargo, las encuestas que se han revelado en los últimos meses insisten en que la ciudadanía ve un deterioro en la seguridad urbana y rural. Además, como es apenas obvio, una parte de la percepción de la gente en las calles sobre el nivel de efectividad de la Fuerza Pública está directamente relacionada con la postura de cada quien sobre el paro y el desborde violento de la protesta social.

Por el momento, más allá de ese eterno pulso entre cifras y percepción, parecería claro que el clima de seguridad urbana y rural se está deteriorando. Un retroceso del que la ciudadanía no culpa solo al gobierno Nacional sino también a gobernadores y alcaldes.