Pese a que solo hay una tutela en la Corte Constitucional del implicado en el Cartel de la Toga, la presidenta de la Corporación, Gloria Stella Ortiz, pidió que esto sea investigado

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Investigar si el exfiscal Luis Gustavo Moreno, implicado en el 'Cartel de la Toga', tuvo que ver con las presuntas interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional, pidió la presidenta de esa Corporación, Gloria Stella Ortiz.

Sin embargo,  la magistrada insistió en que a la Corte solo llegó una tutela de Moreno de 2016 que no tenía que ver con el tema y tres de José Leonidas Bustos, pero que ninguna de ellas fue seleccionadas. "Parte del reto que tiene la Fiscalía es averiguar si Luis Gustavo Moreno tiene que ver", señaló Ortiz.

"Nosotros sí hemos hecho nuestras conversaciones, que fueron informales, hemos manifestado nuestra preocupación. Este tema de las filtraciones nos preocupa, porque hemos tomado muchas medidas, hemos tratado de ser cautelosos, una gran cantidad de decisiones para evitar que estas filtraciones se presenten, pero siguen pasando", afirmó la magistrada.

Al respecto, Ortiz dijo que las interceptaciones las estarían realizando "organizaciones criminales interesadas en trámites de una acción de tutela en la Corte Constitucional", misma versión dada por el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Por otro lado, el jefe del ente acusador abrió una investigación por las ‘chuzadas’ a los magistrados.

Así se lo informó Martínez el martes a la magistrada Ortiz, a propósito de las denuncias presentadas por los togados sobre presuntas interceptaciones telefónicas de las que estarían siendo víctimas.

En la carta, divulgada ayer por las redes sociales de la Fiscalía, Martínez le manifestó a Ortiz que se recolectarán las pruebas para verificar los hechos denunciados, diligencias que estarán a cargo del director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia.

“Por su elevado conducto, ruego a los señores magistrados prestare al fiscal Espitia toda la colaboración que requiere el asunto, en el marco de la confidencial que se impone”, precisó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

En este caso, el jefe del ente acusador, anunció que se busca establecer la existencia de una “organización criminal” que estaría detrás de la búsqueda de obtener información privilegiada de las comunicaciones de los magistrados.

“He dispuesto que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas”, señaló Martínez.

La semana pasada, la magistrada Ortiz dijo que le iba a solicitar a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que investiguen la presunta existencia de ‘chuzadas’ a los equipos de comunicación de los magistrados.

“Tenemos la percepción de que tenemos interceptados los teléfonos. En conversación con los compañeros de la Sala, hubo manifestaciones de que estamos preocupados de que toda la información que tenemos en la Sala Plena, se filtra. Que siempre lo que ahí se dice se termina conociendo”, sostuvo Ortiz.

La magistrada reconoció que les preocupa las permanentes filtraciones de los diálogos y los proyectos de sentencia, ante lo cual luego de una conversación informal solicitarán que se investigue a fondo lo que está pasando.

“Nosotros en la Corte tenemos un deber legal que nos impide, que nos obliga a no informar los debates con relación a los proyectos. Los proyectos de sentencia están sometidos a reserva legal”, recalcó.

El primero que puso el tema fue el magistrado Alejandro Linares, quien dijo que un alto funcionario de la Fiscalía le advirtió que grabaciones de conversaciones telefónicas de magistrados estaban rodando en varios círculos.

El magistrado Carlos Bernal respaldó a Linares y dijo que estaba seguro de que su teléfono estaba intervenido, tras lo cual uno a uno de los integrantes de la Corte expresó sus temores al respecto.

“Después de estas conversaciones informales me pidieron como presidenta de la Corte que tratemos de averiguar más, si nosotros en efecto estamos siendo o no intervenidos”, dijo, para lo cual se radicaron las respectivas cartas a la Fiscalía, la Policía y la DNI.

Esta semana, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, indicó que ordenó de manera interna que se rinda un informe por parte de las unidades de inteligencia sobre si avanzan en investigaciones contra magistrados de la Corte Constitucional que involucren interceptaciones telefónicas.

“Dispuse que se verificara en todos los ámbitos de la Policía especialmente quienes tienen atribuciones de inteligencia e investigación criminal para saber si reposaba en nuestros registros investigación alguna contra alguna de los magistrados”, anotó el general Atehortúa.

Así mismo indicó que en las próximas horas entregará los resultados de ese informe a los magistrados, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de investigación de la institución.

El 21 de febrero de 2009 se supo que el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaba realizando interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos.

Las investigaciones y los posteriores procesos judiciales llevaron a las condenas del exjefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos; la exsubdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal; el exjefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares; los exdirectores del DAS, Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado; el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez; y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno.

Con el tiempo y las investigaciones se concluyó que esta práctica había empezado en 2003 por un grupo de inteligencia de la entidad llamado G-3. La lista comenzó con seguimientos a líderes sociales y progresivamente ampliando.

A principios de 2010 y antes del juicio de acusación formal, huyó a Panamá. En enero de 2014 y después de que la Corte en Panamá le quitara el asilo, tuvo que regresar al país y someterse a la justicia. En mayo de 2016 le fue ratificada la condena a 14 años en prisión.