A escasos días de que el Congreso de la República retome sus sesiones ordinarias, los parlamentarios ya perfilan los proyectos de ley que entrarán en discusión en este segundo tramo de legislatura, entre los que figura un grueso de carácter animalista. Con la ley ‘No Más Olé’, sancionada hace menos de un año, en estudio por parte de la Corte Constitucional ante las diversas demandas en su contra, el primer semestre del año resulta clave para la lucha por la protección y derechos de los animales en algunos sectores, así como propiamente del gobierno Petro.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, la senadora Andrea Padilla destacó la existencia de “una agenda de más de siete proyectos que en este momento están en trámite, vivos, y todos relacionados con la protección animal”, dentro de los que se destacan las medidas de cuidado para los animales de compañía a personas en condición de discapacidad, la protección y regulación de animales usados para experimentación cosmética, animales de trabajo, además de la sanción presidencial del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, que entraría a funcionar sobre el cierre de este año.

Según Padilla, en los últimos años se ha presentado un avance significativo en las medidas para la protección animal a nivel territorial “y sobre todo en lo cultural. La opinión pública está cada vez siendo más exigente y crítica; denuncia los casos de maltrato, y eso, por supuesto, empuja la agenda legislativa, empuja los medios de comunicación y las agendas gubernamentales en los niveles regionales y territoriales”.

Por su parte, el representante a la Cámara Andrés Felipe Jiménez dijo a este diario que “la mayor muestra de avance fue la aprobación de la prohibición de las corridas de toros, luego de ser presentada en varias legislaturas y archivada por 14 veces consecutivas. Este es el mayor o el inicio de la real y verdadera protección a los animales en Colombia”. Además, el parlamentario puntualizó en otra iniciativa “conocida en redes sociales como #NoSonEquipaje, que busca regular el transporte de animales, específicamente perros y gatos domésticos, abarcando todos los medios de transporte dentro del país”.

Para los dos congresistas, ha resultado clave la participación ciudadana, de sociedades académicas y científicas y grupos privados en la construcción de las iniciativas, a pesar de haber encontrado oposición de algunos sectores por conflicto de intereses. “El sector de la empresa de la seguridad privada que hace uso de perros, también por supuesto está en oposición mayoritaria a nuestro proyecto de ley Lorenzo, aunque también hemos trabajado con ellos y de hecho el texto cambió muchísimo a raíz de las observaciones que ellos hicieron”, apuntó la senadora Padilla.

Temas a tratar

A pesar del buen avance de los proyectos en Senado, para el senador Nicolás Echeverry quedan pendientes aún temas claves, donde destaca especialmente la “regulación del comercio de animales domésticos y exóticos: es crucial establecer normativas claras que aseguren el bienestar de estos animales y prevengan prácticas inadecuadas en su comercialización”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Asimismo, hace falta “el financiamiento para el rescate y cuidado de animales en situación de abandono, puesto que necesitamos garantizar recursos para organizaciones y entidades que trabajan en el cuidado de estos animales. El control del tráfico ilegal de fauna silvestre es imperativo para fortalecer las políticas y acciones contra esta actividad, que amenaza nuestra biodiversidad. También es clave la implementación de pasos de fauna en infraestructuras viales. En este sentido debemos asegurar que las nuevas construcciones incluyan corredores ecológicos que permitan el libre tránsito de la fauna, mitigando el impacto ambiental”, apuntó Echeverry.

Además, los tres parlamentarios apuntaron a este diario que siguen faltando políticas para la financiación de estos proyectos. En adición, Padilla señaló: “Las corporaciones autónomas regionales son instituciones que solamente destinan en promedio el 2,5 % de su presupuesto a la fauna silvestre. Entre tanto, el Ministerio de Ambiente brilla por su ausencia en materia de protección de animales silvestres”.

“También tenemos pendientes las grandes discusiones sobre la ganadería, la exportación de ganado. Y además la detención de la expansión de la frontera agrícola, no solamente por protección animal, sino por cuestiones ambientales”, dijo.

Corridas de toros

Si bien para los parlamentarios fue sumamente importante la sanción de la ley ‘No Más Olé’, ven con suma preocupación la posibilidad que se ha abierto en la Corte Constitucional, donde se estudian demandas que podrían tumbar esta ley.

No obstante, el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, dijo a EL NUEVO SIGLO que “nosotros (los promotores y defensores de la ley) creemos que la Corte no tiene ninguna razón para tumbar esta ley de la República, ya que en sendas sentencias ha sido ella quien ha reiterado que es el Congreso quien tenía la facultad de prohibir, o no, las corridas de toros. Lo dijo en la sentencia C-066 del año 2010. Lo dijo de manera repetida en la sentencia C-041 del año 2017. Lo ha dicho en muchas sentencias”.

Sin embargo, afirma que “si la Corte la tumba, estaría, si se quiere, traicionando su propia línea jurisprudencial. Estaría incurriendo en una enorme contradicción con respecto a las decisiones del Congreso”.

Para Echeverry, “la anulación de la ley antitaurina sería un retroceso significativo para la protección animal en Colombia, reafirmaría las corridas de toros como manifestación cultural protegida, debilitando el avance en la conciencia ambiental y ética. Además, podría sentar un precedente negativo para otros proyectos de bienestar animal, desmotivando a quienes impulsan este tipo de iniciativas”.

Ahora bien, aunque la senadora Padilla celebró la promulgación de la ley, argumenta que “el tema de las corridas de toros siempre ha sido muy preponderante en todo este debate público, no tanto por los animales mismos, sino por los poderes en juego. Porque en las corridas de toros lo que hay fundamentalmente es una tensión entre poderes políticos y clases sociales”.

En este sentido, “no creo que en el caso de caerse la ley sea un reversazo, porque estamos avanzando. Hoy no se puede desconocer que en todo caso el hecho de que se esté formulando un Sistema Nacional de Protección Animal, que hayan aprobado una política de esterilización con recursos de la nación o que los alcaldes estén destinando recursos para hacer la sustitución de los vehículos de tracción animal. Limitar todo al tema de corridas de toros me parece terriblemente reduccionista y me parece además ingenuo”.

De las 12 demandas, las principales han sido interpuestas por los principales partidos de oposición en el país, encabezados por el Centro Democrático y Cambio Radical. Asimismo, desde la Alcaldía de Manizales se ha solicitado tumbar la ley, argumentando los problemas económicos que podría generar la prohibición de los eventos taurinos en ciudades que dependen de estos.