Así lo dieron a conocer la viccepresidenta Marta Lucía Ramírez,  el actual secretario de Transparencia, Camilo Jaimes y Beatriz Londoño, nueva titular de ese despacho.

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Un rastreo realizado a la corrupción en el país mediante el “Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, permitió establecer que, de acuerdo con la información del Inpec, a mayo de 2019 hay un total de 4.417 personas condenadas por delitos asociados a este flagelo, de los cuales 2.239 están gozando de  casa por cárcel.

“¡Es inconcebible que corruptos paguen pena en la casa!, Hay 748 condenados por peculado por apropiación, que es delito con mayor cantidad de condenados que gozan del beneficio de casa por cárcel. ¡El Estado será implacable contra la corrupción! y vamos seguir rastreando a los corruptos a través de la tecnología, la analítica de datos y las herramientas de machine learning”, dijo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, al presentar la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, junto al actual secretario de Transparencia, Camilo James y la nueva titular de ese ente, Beatriz Londoño.

El Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción también rastreó las sociedades sancionadas por conductas indebidas en contratos públicos que, a pesar de ello, han vuelto a contratar con el Estado. Se interoperó la información de la Superintendencia de Industria y Comercio con las información pública de contratación en el SECOP proveniente de datos abiertos del MINTIC, en donde, de 103 personas entre naturales y jurídicas sancionadas administrativamente por asociarse para cometer conductas indebidas en contratos públicos, 26 han vuelto a contratar con el Estado por una suma aproximada de 130 mil millones de pesos.

“No nos hemos quedado quietos en esta gran cruzada contra la corrupción. Desplegamos estrategias de prevención y lucha contra la corrupción a nivel territorial: realizamos 32 Comisiones Regionales de Moralización en el país. Estas Comisiones trabajan en la prevención de procesos de contratación pública por el orden de $2.5 billones. En materia de investigación se han priorizado casos que comprometen cerca de $1 billón, y en materia de sanción, se han llevado a cabo procesos por alrededor de $31 mil millones”, agregó.

En las regiones, la Secretaría de Transparencia ha realizado capacitaciones en 8 departamentos a 3.793 funcionarios públicos, a través de los Talleres con Enfoque Territorial (TET) en temas de Pliegos Tipo, transparencia, defensa jurídica del Estado, entre otros, esto nos garantizará que todos estemos entrenados para cercarle el paso a los corruptos.

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“Implementamos la estrategia de transparencia con el sector privado. Se han suscrito 9 pactos de Transparencia y una Ruta de Integridad. Se está invitando al sector privado a que sea parte activa de la ruta por una Cultura de la Transparencia e Integridad”, dijo. 

Explicó que se ha logrado mayor concurrencia y participación de proponente, desde la expedición del Decreto 342 de 2019, de la Ley “Pliegos Tipo”. En el primer trimestre de implementación, once procesos no cumplían con el decreto, se instó a adoptar los Pliegos Tipo, salvaguardando $21.780.119.738.

También indicó que se elaboró el “Manual de Banderas Rojas”, que recoge las buenas prácticas y estándares internacionales para la detección de hechos de corrupción en los procesos de contratación estatal. Levantaremos las banderas rojas en cada entidad cuando veamos un alto riesgo en algún proceso.

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“El 20 de Julio de 2019, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 008 – 2019, Pedro Pascasio Martínez, en la Cámara de Representantes, “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción – Ley Pedro Pascasio Martínez. Proyecto que establece disposiciones para la integridad pública y establecer medidas preventivas para lograr mayor efectividad en la lucha contra la corrupción y asegurar la transparencia en lo público. (Hoy le estamos haciendo un llamado al Congreso para que juntos avancemos en esta gran cruzada”, concluyó.

La gran RED la conforman 103 entidades, parte de la Rama Ejecutiva y su objetivo es ampliar los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción y además, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través de la participación.