Al paso de las informaciones que dan cuenta que en el bombardeo contra las disidencias de las Farc en Caquetá el pasado mes de agosto murieron 18 y no 8 menores, salieron el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y el Comando de las Fuerzas Militares.

Medicina Legal y la Fiscalía General reiteraron ayer que hasta el momento son 8 los cuerpos identificados como menores que murieron tras la operación militar.

En principio se había informado, tras el bombardeo, que eran 12 los muertos, luego la cifra subió a 14 y la semana pasada, en un debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, se denunció que 8 menores habían perdido la vida.

Así mismo, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, había denunciado reclutamiento de menores en el departamento, aunque una y otra vez ha insistido en que tiene documentados únicamente tres casos.

Ahora, de acuerdo con las autoridades, todavía faltan dos cuerpos por identificar y explicaron que la demora se ha debido al estado en el que llegaron estos restos al Instituto.

Ante la pregunta de ‘W Radio’ sobre la muerte de 18 menores durante el bombardeo, tanto Medicina Legal como la Fiscalía, negaron estas versiones.

El fin de semana  fueron publicadas denuncias en las que, según pobladores del Caquetá, fueron 18 los menores muertos durante el bombardeo a alias ‘Gildardo Cucho’.

Entre tanto, ayer muy temprano, a través de un comunicado, las Fuerzas Militares afirmaron que, posterior a la operación de interdicción aérea, no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual.

En el comunicado se afirmó que “el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la única institución que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas”.

“Con la debida oportunidad, las Fuerzas Militares pusieron a disposición de las autoridades competentes, el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación, para el desarrollo de las investigaciones”, continuó.

También se indicó en el comunicado que “se tiene plena confianza en las investigaciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, y esperamos que los resultados se den a conocer de manera oportuna a la opinión pública, para evitar que continúen especulando respecto de la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública en la operación”.

El debate en el Senador al ahora exministro Botero se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre y allí el senador Roy Barreras, del partido de La U, reveló que en este bombardeo contra un campamento de disidentes fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años. Posteriormente, la Fiscalía General elevó a ocho la cifra de menores muertos en la operación, un dato que las autoridades no habían dado a conocer a pesar de que en su momento se informó acerca del número de muertos tras la operación.

El hasta ayer ministro encargado de la Defensa, General Fernando Navarro y el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, han defendido el bombardeo asegurando que lo hicieron cumpliendo todos los protocolos y que, de haber sabido que en el campamento de las disidencias de las Farc había menores de edad, no hubieran actuado”.

“Se tiene certeza de que se trató de una operación legítima, legal y en el m arco del Derecho Internacional Humanitario”, concluyó el comunicado de las Fuerzas Militares.