La hidroeléctrica Porce III, ubicada en jurisdicción de los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, enfrenta una grave situación de riesgo debido a actividades mineras no autorizadas desarrolladas en predios de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según un informe del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios afectados, estas actividades están generando una amenaza significativa para la infraestructura de la central y para la población asentada en las riberas del río Porce y el río Nechí.
Riesgos para la estabilidad de la central y las comunidades
El informe técnico revela que la minería ilegal está provocando procesos de inestabilidad en los taludes y alteraciones en la dinámica del río Porce. Esto incrementa la posibilidad de movimientos en masa y avenidas torrenciales que podrían afectar a comunidades de varios municipios:
- Amalfi: 2 caseríos
- Anorí: 7 caseríos
- El Bagre: 2 centros poblados y 1 caserío
- Nechí: 2 centros poblados y 3 caseríos
- Zaragoza: 4 centros poblados
Además del riesgo para las poblaciones mencionadas, se ha identificado que la estabilidad de las instalaciones de Porce III está comprometida, lo que podría impactar la seguridad energética del país.
Acciones legales y medidas de contingencia
Ante la gravedad de la situación, EPM ha iniciado acciones legales contra los responsables de las actividades mineras no autorizadas. Asimismo, en coordinación con el DAGRAN y las administraciones municipales de Anorí y Amalfi, se han implementado medidas de contingencia para mitigar los riesgos identificados. Entre estas acciones, se destaca el desmonte inmediato de un jarillón construido de manera irregular en el cauce del río.
Las autoridades han advertido que el retiro de esta estructura podría generar un incremento temporal en los caudales del río Porce, por lo que se activará un protocolo de comunicación con las comunidades afectadas. Se ha instado a los habitantes de la región a mantenerse informados a través de los canales oficiales, como llamadas telefónicas, cadenas de WhatsApp y coordinación con líderes comunitarios.
Llamado a la acción
Las entidades involucradas han recordado que estas acciones están enmarcadas en la Ley 1523 de 2012, la cual establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En este sentido, han hecho un llamado a las autoridades nacionales para reforzar el control y la vigilancia en la región y evitar que la minería ilegal siga poniendo en peligro la infraestructura estratégica del país y la seguridad de miles de personas.