EN SU más reciente informe sobre orden social en el de Bolívar, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación humanitaria que se vive en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, al sur de este departamento. De acuerdo a la entidad, el principal motivo es la búsqueda de control de la minería ilegal en los yacimientos de San Lucas.
“En lo que va de 2025, la región ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados”, expresó la Defensoría.
El ente en cabeza de Iris Marín Ortiz apuntó al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Eln, las disidencias de las Farc de Alías ‘Calarcá’ y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Además, denuncia que en el marco de esta crisis violenta en la región “el pasado viernes, el líder comunitario Robinson Loaiza López fue asesinado en la vereda El Golfo del municipio de Santa Rosa del Sur”.
La Defensoría acota que los hechos ya habían sido denunciados en la alerta temprana 034 de 2023 para los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, todos en Bolívar, donde el escenario de riesgo está relacionado con la coexistencia de tres actores armados en el territorio.
En ese sentido, la Defensoría reiteró “la urgencia de que se tomen medidas urgentes para atender esta crisis humanitaria y proteger a la población civil”. En su comunicado solicitaron planes de contingencia por parte de los entes territoriales para cumplir con la ruta de atención y la entrega oportuna de la ayuda humanitaria de emergencia.
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que implemente medidas de seguridad humana y territorial para la protección de la población civil. A su vez pidieron al Gobierno nacional “dar celeridad en el Plan de Choque para la implementación del Acuerdo de paz, promoviendo la articulación y la complementariedad institucional en la región”.
Finalmente, pidieron a los grupos armados el respeto por los derechos humanos de las poblaciones que se ven en el medio de los enfrentamientos y pide, una vez más, que el Gobierno atienda de manera oportuna las solicitudes de protección para líderes y lideresas sociales y personas en riesgo a través de la Unidad Nacional de Protección.