Más que oportuno el llamado que hizo ayer el procurador general Gregorio Eljach en torno a la necesidad de respetar y amparar la iniciativa y la empresa privadas. Una solicitud que tiene aún más significado, puesto que lo hizo ante el Consejo Nacional Gremial, que es la instancia que lleva la vocería de más del 80% del empresariado y las unidades productivas en nuestro país.
Como se sabe, durante el actual gobierno el sector privado ha estado bajo constante satanización e incluso ha sido blanco de no pocas medidas que van en la dirección de excluirlo de la generación de productos, bienes y servicios en su natural interacción con el sector público. Una prueba de ello es el contenido de reformas como las de salud y pensional, en donde es claro que la intención ha sido imponer la estatización de los sistemas −una fórmula arcaica y comprobadamente fallida− y disminuir al máximo la participación del capital privado, pese a que este ha sido el factor dinamizador de ambos sectores en las últimas décadas.
También se ha presentado la misma situación en el campo de la reversión a la nación de obras de infraestructura vial y campos petroleros, menor prórroga de concesiones, así como la restricción notoria a nuevas alianzas público-privadas. A ello se suma que el Ejecutivo ha presentado al Congreso no menos de una decena de proyectos de ley en los que busca crear entidades oficiales que entren a manejar o competir directamente con empresas y consorcios particulares en áreas minero-energéticas, de transporte y otros rubros.
Como si lo anterior fuera poco, se han lanzado múltiples alertas en torno a los distintos intentos gubernamentales para vulnerar el principio de propiedad privada, sobre todo en el marco de las reformas relacionadas con el sector agrícola. Tanto en las accidentadas políticas de repartición de tierras como en la articulación de la Jurisdicción Agraria y Rural −que tiene pendiente en el Congreso la aprobación del proyecto de ley reglamentario− e incluso en uno de los decretos dictados al amparo de la reciente declaratoria del estado de conmoción interior en el Catatumbo, ha asomado el riesgo de proceder a la expropiación de predios exprés, anulando la fase judicial del procedimiento, pese a ser una garantía constitucional.
Incluso, los voceros gremiales han advertido que algunas decisiones gubernamentales en materia de política laboral, salarial y tributaria, así como en cuanto a modificaciones en la regulación de actividades minero-energéticas, de servicios públicos y otros ítems tienen un efecto tan drástico y devastador en el equilibrio económico de las unidades productivas que parecieran estar directamente motivadas hacia crear escenarios inviables para la supervivencia de las empresas.
Si bien todo este marco circunstancial se ha expuesto reiteradamente al Ejecutivo para que replantee esas políticas lesivas, poco se ha conseguido. Por el contrario, el empresariado se queja de un deterioro creciente de la seguridad jurídica y el clima de negocios, lo que ha redundado en la caída de la inversión extranjera, el aplazamiento de proyectos productivos, la desaceleración del empleo, menor dinamismo económico, disminución de impuestos e incluso la fuga de capitales y talento humano al extranjero.
Frente a todo ello, es clave lo advertido por el jefe del Ministerio Público en torno a que el país debe ponerse de pie para dimensionar la importancia y trascendencia de lo indispensable “que es el sector privado, la iniciativa privada, la empresa privada, el capital privado en una existencia armónica con el sector público”.
Sostuvo Eljach que en medio de una situación tan difícil como la actual, “que cada vez pareciera que se va a poner peor”, es imperativo revalidar la necesaria interacción equilibrada entre las instancias oficiales y no oficiales, con miras a cumplir el mandato constitucional de trabajar en forma armónica para el progreso y el desarrollo de la comunidad en general. De hecho, el procurador recalcó que es una garantía fundamental en la democracia la libertad de empresa y la protección de la propiedad privada.
“… No puede ser que, al sector privado, incluyendo también allí de paso a los propietarios particulares, solamente los miren para aplicarle nuevas tasas impositivas, o cómo se hacen las reformas tributarias a costilla de la capacidad de producción de quienes generan empleo, producen riqueza y pagan impuestos”, precisó la cabeza del ente disciplinario.
En medio del ambiente polarizado del país y la crisis de gobernabilidad que arrastra la Administración Petro, los criterios del procurador General, quien fue ternado para el cargo por la Casa de Nariño, resultan aleccionadores en relación al respeto de la propiedad e iniciativa privadas en el sistema democrático y el andamiaje institucional que nos rige. Ojalá en el alto gobierno tomen nota de este campanazo del jefe del Ministerio Público.