EL NUEVO SIGLO: ¿Qué balance hace la MOE de las elecciones del domingo?

ALEJANDRA BARRIOS: Tenemos que señalar que registramos un contundente avance en los temas de orden público en las elecciones. Excepto dos hechos marginales que no tuvieron una gran afectación, no hubo problemas de orden público generados por grupos armados ilegales que pusieran en riesgo el proceso electoral en algún municipio o en alguna región. Esto es la primera vez que ocurre desde que nosotros hacemos seguimiento electoral en 2006. Es muy importante reconocer este avance porque esto significa que podemos seguir avanzando en la ampliación de la democracia con mayor tranquilidad. No se puede dejar a un lado que hay intereses ilegales en los territorios, grupos armados ilegales, economías ilegales que generan presión en los municipios y sus mandatarios, pero en la jornada electoral las presiones de paros armados, amenazas, imposibilidades de movilización no los vimos y eso es necesario reconocerlo.

ENS: Frente a los pocos hechos violentos registrados, ¿qué responsabilidad les cabe a los partidos?

AB: Es necesario que las organizaciones políticas asuman mayores grados de responsabilidad frente a la calidad de la democracia que ellos mismos promueven y además están participando en procesos electorales.

En las elecciones registramos cuatro disturbios o actos violentos en los municipios del Pinar del Carmen, en San Zenón, La Dorada y Juan de Acosta. Estos disturbios, igual que los eventos registrados después de las 4 de la tarde, están relacionados con las campañas políticas. Hay una responsabilidad directa de los candidatos y los militantes de los partidos.

Lo que no puede pasar es que estemos dando el salto de controlar la violencia de la ilegalidad armada a una violencia política, en donde el día de las elecciones los partidos no tienen la capacidad de gobernar a sus militantes. No podemos seguir terminando en temas de disturbios y asonadas con daños a la Registraduría, como pasó en San Zenón, donde quemaron la sede de la organización electoral y el material de votación.

ENS: ¿Qué lecciones quedan después de esta contienda en materia de legislación electoral?

AB: En estas elecciones quedó en evidencia que hay temas que se deben actualizar del Código Electoral. No podemos seguir haciendo elecciones en el siglo XXI con normas que pertenecen al siglo XX.

Tenemos un calendario electoral que va a hacer que sea imposible que la autoridad electoral tenga la capacidad de hacer una revisión de la inscripción de cédulas, poder informar a los ciudadanos y poder recibir las acciones de apelación, además no se puede hacer una revisión seria en materia de ciudadanos inhabilitados para ser candidatos.

ENS: ¿Qué puntos específicos se deben cambiar?

AB: Como esto genera problemas muy serios en la jornada, como que aparezcan candidatos inhabilitados en el tarjetón o terminen generando tensiones que pueden generar disturbios, debemos hacer una revisión integral.

Nuestro Código Electoral ni siquiera contempla procesos sistematizados a través de nuevas tecnologías de las elecciones y esto hoy está en uso. Debemos tener biometría amplia a nivel nacional, no solo por entrada al puesto de votaciones sino que sea propiedad de la Registraduría: un identificador biométrico en cada una de las mesas de votación o por lo menos cada dos mesas de votación.

Es absurdo que el ciudadano tenga que estar bajo la lluvia o bajo el sol para entrar a unos puestos de votación con un promedio del 60% de votación. Además necesitamos una reforma política que nos dé una autoridad electoral con capacidad de acción independiente de las organizaciones políticas, con presencia en el territorio nacional y que pueda tomar decisiones que permitan que el proceso sea mucho más lleno de confianza y que dé garantías de transparencia.

ENS: ¿Qué pasó el domingo con la compra de votos?

AB: Recibimos el mayor número de reportes sobre anomalías electorales que se nos han hecho desde el nacimiento de la Misión de Observación Electoral. Solo el día de las elecciones recibimos un total de 1.207 reportes provenientes de 266 municipios y 31 departamentos. Uno de cada cuatro reportes tiene que ver con la compra de votos. Ese es un tema grave. Además, llamamos la atención de que la compra de votos se dice es un tema de estratos bajos y municipios menos favorecidos pero lo que nosotros ubicamos es que esta compra se da en grandes ciudades y la primera que nos llama la atención es Bogotá, donde se ubicaron casas de información que son usadas para hacer control de ciudadanos; también se identificaron en Cartagena Medellín Ibagué y dos quebradas Risaralda. Esto no solo pasa en municipios pequeños pasa en las grandes ciudades y las capitales.