Luego de una reunión por más de dos horas que sostuvieron el fiscal Néstor Humberto Martínez, un funcionario delegado, Fabio Espitia, y los magistrados de la Corte Constitucional, el ente acusador aseguró que no hay certeza de las interceptaciones ilegales al Alto Tribunal.

El fiscal Espitia explicó que el encuentro fue de carácter informativo y que la Fiscalía recibió la información y los datos que tienen los magistrados sobre las presuntas chuzadas ilegales.

Aclaró que aún no se tiene certeza de que hubieran habido chuzadas: “estamos investigando,se establecerá la eventual existencia de irregularidades y su alcance (...)  la idea es no ser tan intromisivo en las labores y actividad privada de los magistrados”, dijo.

Los magistrados le comentaron las inquietudes “legítimas” -dijo-, que tienen y se plantearon las acciones que se iniciarán por parte de la Fiscalía, por ejemplo, todavía se estudia si se revisarán los teléfonos de los magistrados.

Sobre la presunta injerencia en este caso del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, implicado en el escándalo del 'cartel de la toga', el fiscal Espitia aseguró que "el tema de la tutela (de Moreno) se está investigando, sería irresponsable de mi parte dar detalles (...) la reunión fue de carácter informativo para recibir la información que tienen los magistrados”, dijo.

Por su parte, el exfiscal Moreno, a través de su abogado, envió unos audios en los que aclara que no tiene nada que ver con estas 'chuzadas' y que es algo "insólito".

"Me parece insólito y lamentable que recurran a esa forma de desprestigio después de que yo he sido una de las personas que más ha colaborado con la Justicia, en todos los actos de corrupción en los que participé. Estoy arrepentido, estoy pagando con mi libertad, con más que mi libertad, con un inmenso dolor pago por los actos que cometí”, se escucha en la grabación.

Finalmente, el fiscal Espitia aseguró que no se tiene información sobre cuántos magistrados de la Corte estarían siendo víctimas de las supuestas interceptaciones y señaló que la preocupación de ellos es legítima, debido a la labor constitucional que desempeñan.

“La preocupación es legítima de cualquier ciudadano, más de uno que tiene una responsabilidad tan grande como es la Corte Constitucional”, concluyó.