En momentos en los que se discute la estabilidad fiscal del Estado colombiano, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, aseguró ayer el contralor Carlos Felipe Córdoba.

El alto funcionario sostuvo que esas cifras de pagos son completamente alarmantes y señaló un hecho grave: no hay recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones.

Según Córdoba, los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35% del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponden $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones.

Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada $100 millones que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, $35 millones corresponden a intereses”, precisó.

Córdoba, al intervenir en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica, organizado por la Fiscalía General de la Nación, recordó que al comenzar 2018 el sector Defensa, Justicia y Seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía $5,4 billones (exactamente $5.407.488.000.000) por concepto de sentencias y conciliaciones. Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40% de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la reforma tributaria (ley de financiamiento), que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional solo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa.

En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los $2 billones y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones.

“La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las 10 entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1,2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)", finalizó Córdoba.