EL NUEVO SIGLO: Según cifras del Inpec el hacinamiento carcelario a mayo de 2018 bajó un poco al 47,8%, ¿cómo ve este tema la guardia?

HORACIO BUSTAMANTE: Cualquier rebaja en el hacinamiento carcelario sin duda nos favorece como miembros de la guardia penitenciaria y como empleados, a los mismos internos los favorece porque se habilitan cupos carcelarios, pero esos mínimos resultan ser risibles ante el desbordado hacinamiento que padece el país. Es decir, venimos de un 54%, un 48%, un 45%, lo ideal es que no haya hacinamiento en Colombia o que, por lo menos, no supere los márgenes que establece la Ley 1709 que habla de sobrepoblación carcelaria  con un porcentaje superior al 20%, eso sería el ideal. Pero para eso el Gobierno nacional debe de una vez por todas meterse la mano al bolsillo y habilitar cupos.

Y que, nosotros tampoco nos oponemos a eso, de una vez por todas finiquitar una política criminal coherente con la realidad del país.

ENS: ¿Cuál es el estado de la guardia en cuanto al número de integrantes?

HB: Lo primero es que rechazamos cualquier postura de privatización  en el sistema penitenciario. Tenemos unas razones muy fuertes viendo lo que el Gobierno anunció la semana pasada que podría haber vigilancia privada en las cárceles.

El modelo de privatización de la guardia en Latinoamérica fracasó, las cárceles privadas en el mundo, ese sistema ya fracasó porque se ve al interno como mercancía. Eso sucedió en Estados Unidos, donde había lobistas tratando que se aumentaran penas o se establecieran otras conductas punibles a fin de ellos tener más personas en la cárcel para de esa manera lucrarse. Tenemos un ejemplo en Chile donde el sistema privado fracasó.

Segundo, esa responsabilidad, ya se ha dicho por organismos internacionales, tiene que ser del Estado, no se les puede entregar funciones de policía judicial a particulares. Aquí la solución para eso es que incrementen el pie de fuerza de la guardia penitenciaria y carcelaria, y nosotros con un pie de fuerza como debe ser con los estándares internacionales, con cárceles como debe ser, somos capaces de controlar el sistema penitenciario.

Fíjense las fugas de los 90, donde se fugaban los narcos, eso ya no pasa en el sistema penitenciario porque ahí está una guardia profesional.

Hoy los estudios técnicos dicen que necesitamos el doble del pie de fuerza. Qué quiere decir eso, que estamos haciendo el doble de esfuerzo para poder controlar las personas privadas de libertad. Hemos denunciado que hay patios en donde uno, dos o tres guardianes custodian 500 internos. Quién puede controlar 500, 600, 800 internos, pero si nos entregan las unidades que corresponden podemos cumplir nuestro objetivo misional de una forma más eficiente.

ENS: ¿En cifras esto cómo se traduce?

HB: Hay 12.848 miembros de la guardia para una población de 170.000: 120.000 intramurales y 50.000 extramurales. Resulta que esas personas extramurales también requieren de vigilancias periódicas como lo indica la norma. Ahí también tenemos que reforzar nuestro pie de fuerza.

Necesitamos otros 12.848, así lo dicen los estudios técnicos. Ahora va a haber un incremento de planta en 3.000 que es una ayuda, pero repito la solución del Gobierno no puede ser decir entreguemos esto a particulares para que cumplan una función que le corresponde al Estado a un costo más alto.

Y también dejando una constancia: todo lo que se le ha privatizado al Inpec ha fracasado. La salud se la quitaron al Inpec y se la entregaron a particulares, eso fracasó; la alimentación es un fracaso; las manillas electrónicas eso fracasó y eso lo manejan privados.

La construcción de las cárceles que se llevó la Uspec, eso es escándalo a nivel nacional por el tema de Fonade y quienes manejaban esa contratación. Lo único que queda rescatable en el Inpec es la seguridad y vigilancia y ahora se la quieren entregar a privados por contrato. Seguramente se incrementaría la corrupción en el Inpec para que se lucren personas que manejan esas empresas, generales de la Policía y del Ejército, con un pie de fuerza no preparado, formado en lo represivo porque la Fuerza Pública es represiva y no como nosotros que nos formamos en el tratamiento penitenciario.