“Se permite que todos los procesos de licitación pública con toda transparencia puedan avanzar. Lo que no se permite en los cuatro meses anteriores a las elecciones es el tema de nombramientos o de contratos de servicios personales”.

Así resumió el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, las novedades del proyecto radicado ayer con su colega y copartidario Gabriel Velasco para reformar la Ley de Garantías.

La iniciativa busca que únicamente se prohíba, en los cuatro meses anteriores a las elecciones, celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel para la ejecución de recursos.

El senador Uribe aseguró que esta medida permitirá que los planes de gobierno de los mandatarios locales se puedan ejecutar de forma más eficiente y negó que esta iniciativa promueva la corrupción.

"Los gobiernos locales y departamentales tienen que actuar con toda la transparencia y este proyecto se tramitará además del paquete anticorrupción presentado por el Gobierno", señaló.

Cabe resaltar que este proyecto va acorde con lo anunciado por el presidente Iván Duque en el sentido de eliminar la Ley de Garantías durante las elecciones presidenciales, pues no es necesaria desde que se eliminó la reelección. Así lo anunció durante la Ocadton, realizada en el hotel Tequendama, en Bogotá.

Según Duque, “se debe quitar ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías terminan dejando de ejecutar muchas obras que necesitan para la comunidad antes de terminar su período”.

Esta ley que prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios o contratos durante las elecciones presidenciales, nació tras la modificación del artículo de la Constitución que permitía la reelección del entonces presidente Uribe.

El texto radicado ayer establece que durante los cuatro meses anteriores a las elecciones no se les permita a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital de celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial y así levantar la prohibición de que estos se puedan celebrar con las entidades del orden nacional.

En la exposición de motivos, Uribe y Velasco justifican la norma porque se busca transparencia durante cualquier elección que se lleve a cabo en el país. Así, la fórmula que encontró el constituyente derivado es de restringir el normal funcionamiento de la administración pública para así evitar que en los distintos niveles del Ejecutivo se tome provecho de la investidura para favorecer a uno o a varios candidatos por medio de conductas o actividades que puedan ir en contra de las buenas costumbres y la moral pública.

Para los congresistas, esta ley ha cumplido con su fin de evitar que se use el erario público para el beneficio de unos pocos, salvaguardando estos dineros que son tan importantes para el país. No obstante, la limitante para las entidades territoriales ha dificultado mucho la ejecución de recursos y de obras que buscan el desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Es decir, que si bien se entiende y se considera necesaria la restricción de realizar convenios interadministrativos, no creemos que esta deba ampliar del nivel territorial al nacional sino más bien del territorial con su entorno, con sus pares.

Se debe tener en cuenta que la figura de la reelección presidencial ya no existe en el país, lo que significa que ningún mandatario que únicamente durará en el poder un período de cuatro años por una sola vez, pueda tener interés de mover el aparato estatal en favor de él con algún interés electoral, precisan Uribe y Velasco.