Tras de 15 meses de que abriera una investigación preliminar a las campañas electorales del presidente Santos en 2010 y 2014 por el presunto ingreso de dineros de la controvertida multinacional brasileña Odebrecht, se conoció ayer que fue archivada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por falta de pruebas, después de que fueran escuchadas las declaraciones del gerente de ésta, Roberto Prieto, y en 2010, Santiago Rojas, actual director de la DIAN.

También fue citado por esta célula congresional para declarar en este caso el exsenador Otto Bula, pero incumplió varias de las citaciones que se le hicieron. Esta persona ha sido uno de los testigos ‘estrella’ de la Fiscalía pues tras aceptar que recibió 4,5 millones de dólares de Odebrecht para repartir a políticos y funcionarios que ayudaran aprobarle contratos de obra pública, testimonió contra una veintena de personas que según él están involucrados en estos hechos.

Para citar un caso, Bula aseguró que entregó por medio de un amigo de Roberto Prieto un millón de dólares cuando éste se desempeñaba como gerente de la campaña reeleccionista de Santos Calderón. Aunque dijo no conocer si estos dineros efectivamente ingresaron a la campaña.

En ese sentido, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo en febrero de 2017 que “el señor Otto Bula tramitó desde 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la Gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”.

Por esos días, el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, respondió a nombre del Gobierno a las afirmaciones de que a la campaña santista ingresó un millón de dólares: “Como lo ha dicho el Gerente de la campaña, la orden clara y perentoria fue de no recibir ninguna donación, de ninguna persona, natural o jurídica para financiar la campaña. Los recursos de la campaña, como lo demuestran claramente las cuentas presentadas al CNE, provienen exclusivamente y en su totalidad de los dineros de la reposición de votos”.

Bula permanece privado de la libertad y la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El presidente de la Comisión de Acusación, Fabio Arroyave, indicó ayer que la decisión de archivar la investigación a las campañas de Juan Manuel Santos se tomó “teniendo en cuenta que en el 2010 aplicaba la prescripción, y que en 2014 no se encontraron elementos o indicios claros que permitieran inferir la responsabilidad política, disciplinaria o penal del presidente de la República en los hechos”.

A mediados de febrero de 2017, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió una investigación preliminar a la campaña del presidente Santos en 2014, por la presunta financiación de la que habría sido objeto por parte de la empresa Odebrecht, según la denuncia que presentó el representante por el Huila, Álvaro Hernán Prada, del partido Centro Democrático.

En CNE

En el Consejo Nacional Electoral hay un proceso que está frenado desde mediados del año anterior sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas de Santos.

EL NUEVO SIGLO conoció que hay dos ponencias a consideración de la Sala Plena: una del magistrado Emiliano Rivera y otra de la magistrada Ángela Hernández. La primera que está haciendo fila para ser discutida es la de Rivera, pero a pesar de que el tema fue priorizado hace tres meses, curiosamente no hay quórum cada vez que se va a votar.

La ponencia del magistrado Rivera tiene que ver con la campaña de Santos en los comicios de 2010, frente a lo cual señala que ya no es posible revisar los ingresos y egresos porque caducó en esa materia. Por eso propone archivar el caso.

En tanto que la magistrada Hernández, a quien le correspondió la campaña reeleccionista del candidato-presidente Santos en 2014, pide abrir investigación porque considera que hay pruebas que indicarían que sí ingresaron dineros de la multinacional brasileña implicada en sobornos en Colombia a funcionarios y políticos para quedarse con contratos de obra pública.