El Gobierno colombiano ha dejado entrever inquietud por el informe anual de la Administración de Donald Trump. A pesar de presentar un programa de sustitución de cultivos, la reducción de hectáreas puede no ser significativa. Un estudio privado indica que las cifras de erradicación “fueron infladas” por el ejército

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La propuesta de Colombia de adoptar una nueva metodología para medir la lucha contra las drogas, dejó entrever la preocupación del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con la situación de los cultivos de coca en el último año, pero sobre todo porque ya se acerca la fecha en que la Casa Blanca debe hacer público su informe antidroga.

La iniciativa del Gobierno de cambiar la estrategia en la medición de los cultivos, fue presentada por el vicepresidente Óscar Naranjo, en el pleno de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, Austria, durante el 61 período de sesiones de este organismo. Según la misma, para que los resultados de la lucha contra las drogas en el mundo sean medidos de manera multidimensional, a partir de siete enfoques. 

“En este marco, la medición del desempeño de los Estados, y es nuestra propuesta hoy en esta asamblea, debería ser multidimensional. Esto nos permitirá salir del viejo paradigma de que el éxito o fracaso, depende de la cantidad de droga que se produzca o el volumen de droga que se consume. Un enfoque multidimensional para medirnos Estado a Estado parece imperativo”, dijo el general Naranjo

¿Descertificación?

Sin embargo, una idea de lo que puede suceder si no disminuyen las cifras de erradicación de los cultivos, la dio el presidente Donald Trump en septiembre pasado cuando amenazó con "descertificar" a Colombia, si el país no logra controlar el incremento de los cultivos de droga.

En la revisión anual sobre los países que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, la Casa Blanca reconoció que estuvo a punto de incluir a Colombia en la "lista negra" de los países que no colaboran en la lucha contra las drogas.

"El Gobierno de los Estados Unidos consideró seriamente catalogar a Colombia como un país que no pudo cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos tres años, doce meses", decía el informe previo al inicio de las discusiones sobre el presupuesto.

Si Colombia hubiese sido certificada en este informe, el Congreso estadounidense legalmente no podría enviarle recursos, es decir, los US$398 millones que propuso el Comité de Apropiaciones del Senado para la vigencia del año 2018.

Sin embargo, la solicitud de presupuesto del presidente Trump incluye recortar en un 35% la ayuda de EU a Colombia. Sin embargo, aunque el anuncio sorprendió, era previsible por dos cosas: los pésimos resultados en el control de los cultivos ilícitos y la fuerte presión del sector republicano para incrementar el presupuesto para el fortalecimiento del aparato militar. Las cifras no le favorecen a Colombia, ya que efectivamente, esta disminución responde al malestar de la Casa Blanca por el aumento en un 52% de los cultivos de coca del 2015 al 2016.

En su última visita a Bogotá, el Secretario de Estado de EU, Rex Tillerson (que fue reemplazado por Trump esta semana), manifestó su preocupación frente al tema, y algunos meses atrás el exembajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, había dicho que: “si no llegamos a una solución aceptable para ambos países, vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar”.

Las cifras

En el último informe del 2 de marzo de este año sobre la situación de las drogas en Latinoamérica de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), señala que la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%, de 96.000 hectáreas en 2015 a más de 146.000 en 2016.

De acuerdo con un informe de Juan Carlos Garzón Vergara, politólogo de la Universidad Javeriana, con maestría en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, sobre la erradicación de cultivos de coca en 2017 señala que “el balance dado a final de año: más de 50 mil hectáreas erradicadas y un poco más de 10 mil sustituidas. Ahora, el Ejecutivo cruza los dedos para que el monitoreo de cultivos… presente un nuevo aumento”.

Indica el experto que “tras la votación desfavorable en el plebiscito, la llegada de Trump, las contantes presiones para reactivar la fumigación y el reacomodamiento del narcotráfico, es probable que el presidente Santos no tuviera otra opción. Mientras que el mandatario mantuvo su discurso reformista en el exterior, dentro del país prefirió la ortodoxia para apagar el incendio. La falta de una estrategia clara para contener el aumento de la producción de cocaína en medio de la negociación con las Farc le pasó factura al Gobierno y también al Acuerdo”.

¿Inflación?

Asimismo, un informe de InSight Crime, encargado por la Universidad del Rosario y publicado por Bluradio, asegura que la presión internacional pudo haber hecho que las Fuerzas Armadas inflaran las cifras de erradicación y sustitución. 

“El Gobierno colombiano, bajo una enorme presión de Washington, se comprometió a erradicar 100.000 hectáreas de coca durante 2017; 50.000 hectáreas mediante erradicación manual forzada y otras 50.000 mediante un programa de sustitución de cultivos de manera voluntaria”, dice el estudio.
Insight Crime sostiene que el Ministerio de Defensa anunció en diciembre de 2017 que las metas de erradicación forzosa se habían alcanzado, “en febrero de 2018 el vicepresidente Óscar Naranjo confirmó que solo se habían erradicado voluntariamente 16.000 hectáreas de cultivos de coca. Dudamos de las afirmaciones del Ejército, pues, en entrevistas con personal militar en el terreno, muchos admiten que las cifras han sido infladas con el fin de cumplir con los objetivos, puesto que hay una enorme presión de los superiores”.

Consultado el director ejecutivo de Insight Crime, Jeremmy McDermott, dijo que “tenemos indicios de que en algunos sitios donde hemos hablado con tenientes y capitanes, ellos no han podido erradicar al mismo ritmo que quisiera el Gobierno y ha habido una inflación de cifras”, afirmó. 
Añadió el especialista que “hay mucha presión política para erradicar los cultivos, incluyendo la presión de Washington y de otras partes, y esa presión también está en cada nivel del Gobierno y la fuerza pública para mostrar resultados”. 

Sobre el informe de Insight, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas reaccionó de forma aireada y dijo que “yo le pido a la comunidad internacional y a los medios respeto por estos sacrificios de la Fuerzas Militares; hay 31 heridos en ese combate y eso amerita una mirada generosa al esfuerzo del Gobierno colombiano”

El mismo Ministro twitteó: “gracias a la dedicación de nuestra Fuerza Pública hemos rondado las 6 mil hectáreas de erradicación forzosa. La semana entrante estaremos llegando al 10% de la meta de erradicación de este año: @mindefensa. Pedimos respeto por el sacrificio de cada miembro de la Fuerza Pública; su labor siempre es comprometida contra todas las formas de crimen: #LCVillegas”

Lo que propone el Gobierno

Según el Gobierno, la primera variable que se debe tener en cuenta es el alcance y la firmeza de la voluntad política y la sociedad para enfrentar el problema del narcotráfico. La segunda está relacionada en cómo lo anterior se refleja en las políticas públicas que se implementan para atacar el problema. “Un enfoque multidimensional implica revisar con qué institucionalidad se aplica la política pública”, sostiene el Vicepresidente.  

Naranjo considera que se debe empezar a evaluar la efectividad con la que se cumplen las metas y cómo se integran los esfuerzos con la sociedad civil. Sobre este punto se debe involucrar a todos los actores para que el esfuerzo “no sea infructuoso, desgastante y poco efectivo”. Para eso se deben construir indicadores rigurosos para ajustar las estrategias y los planes de acción.

El Vicepresidente también sugirió que se haga una evaluación sobre el esfuerzo fiscal que hacen los Estados en la lucha contra las drogas; que se revise cómo se protege a la institucionalidad contra los peligros de corrupción, y que se califique la relación que tiene la política antidrogas y la gobernabilidad democrática con la reducción de la violencia en los territorios.

“Si la evaluación se centrara en estas variables mínimas, estamos seguros de que la lucha contra las drogas fortalecería la protección y defensa de los valores democráticos, y en consecuencia debería reflejarse con claridad en un enfoque de derechos humanos y de salud pública”, concluyó señaló el general Naranjo.