La Procuraduría General de la Nación solicitó al director general de la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) la suspensión inmediata de la ejecución de los contratos 120 y 121 de 2007 en los que se han invertido más de $37.000 millones de pesos.

El órgano de control pidió hacer extensiva esta suspensión a los instrumentos financieros que la corporación haya dispuesto para la administración de los recursos y pagos derivados de negocios fiduciarios.

La Procuraduría busca prevenir una defraudación al patrimonio público y que se vulnere el ordenamiento jurídico si la ejecución contractual se mantiene.

Entre otros aspectos, el órgano de control advirtió que Cardique le estaría permitiendo al Consorcio Ciénaga de La Virgen la constitución del encargo en calidad de fideicomiso, con el cual estaría entregando la disposición sobre los recursos públicos que financian el contrato 121 de 2007.

Además, alertó que según el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigación Especiales y de la Contraloría General de la República, el daño patrimonial de los dos negocios jurídicos asciende a la suma de $4.318 millones.

El contrato 121 de 2007 fue suscrito entre Cardique y el Consorcio Ciénaga de la Virgen, conformado por Construcciones Hilsaca Ltda y Servicios de Dragados Construcciones S.A., para ejecutar el mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la ciénaga.

En este negocio jurídico por $22.173 millones, que se suscribió el 29 de junio de 2007 con vigencia hasta el 17 de octubre de 2021, se han celebrado cuatro adiciones y un reajuste de precios, que representa una inversión de $35.451 millones.

El contrato 120 de 2007 fue suscrito el 29 de junio de 2007 entre Cardique y el Consorcio Interventorías de la Ciénaga y tiene por objeto ejecutar la interventoría del mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la Ciénaga de La Virgen. En su ejecución se han invertido $1.449 millones, con cuatro contratos adicionales por $724 millones.

La petición fue realizada dentro de las acciones disciplinaras que adelanta la Procuraduría desde marzo de 2018 en contra del director general de Cardique, Olaff Puello Castillo, y la exsubdirectora de Planeación, Ana Oyaga Arias, por presuntas irregularidades contractuales.