La Cámara le dio el trámite final a la conciliación de la ley que, según los autores, permitirá combatir la corrupción en los procesos de contratación pública.

El proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno nacional recibió el visto bueno de la plenaria de la Cámara y según el Gobierno permitirá combatir la corrupción en los procesos de contratación pública.

La iniciativa modificó la ley de contratación de la siguiente manera: “El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de todo proceso de selección que mediante licitación pública deba adelantarse por cualquier entidad de derecho público, cualquiera que sea el régimen jurídico que le sea aplicable y el orden al que pertenezca”.

El artículo agrega que “dentro de los documentos tipo el Gobierno nacional adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades estatales, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza, tipología y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación, el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local”.

Según la iniciativa, “los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación, según la reglamentación que expida el Gobierno nacional”.

Anticorrupción

Esta era una de las iniciativas que quedaban del paquete presentado por el Gobierno nacional para combatir la corrupción. La exposición de motivos firmada por la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, planteó que “el propósito de este proyecto de ley es que los documentos tipo para la confección de los pliegos de condiciones se apliquen para todos los procesos de selección mediante licitación pública que deban surtirse para la celebración de toda clase de contratos estatales, no solo los que tengan que ver con infraestructura”.

Así mismo sostiene que la expectativa del Gobierno es que “su campo de acción se extienda de manera imperativa para toda la estructura del Estado, tanto del orden nacional como del orden territorial e, inclusive, a los particulares que integran la llamada descentralización por colaboración, precisamente por cumplir funciones públicas o administrar bienes o recursos públicos. Ninguna entidad pública puede estar exceptuada de este régimen, el cual además de contribuir a la gerencia pública de contratación, garantiza que el contrato estatal pueda ser utilizado racionalmente como instrumento de ejecución de los recursos públicos para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de las necesidades de la comunidad”.

Luego de la aprobación de la iniciativa, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó que la ley aprobada por las plenarias de Cámara y Senado genera una “selección transparente y objetiva, adiós a los pliegos sastre. Gran avance en la lucha contra la corrupción”.

A su turno, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), publicó un comunicado en el que indicó que “serán justamente los mandatarios locales quienes definirán los detalles puntales de los pliegos, de acuerdo a las características técnicas de los proyectos a contratar. Tanto es así que en reciente fallo la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los pliegos tipo por no afectar la autonomía territorial, entre otros argumentos”.

Olga Lucía Ramírez, viceministra de Infraestructura, mencionó que el reciente marco legal entrega nuevas herramientas para que la contratación de infraestructura de transporte “siga realizándose bajo estándares de transparencia y pluralidad de oferentes, y les da continuidad a los documentos tipo ya adoptados, lo que permite avanzar con su implementación”.

A la hora de la conciliación, en la Cámara se armó una polémica por cuenta de adoptar el texto aprobado en Senado, que a juicio de varios congresistas restaba autonomía a los mandatarios locales y seccionales.

Luego de la aprobación, la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, indicó que los pliegos tipo “no van a vulnerar la autonomía regional, lo cual ya lo dijo en un fallo reciente la Corte Constitucional”.

De opinión diferente fue el representante por San Andrés, Jorge Méndez, de Cambio Radical, quien explicó que la misma “sí afectará a las regiones y solo permitirá que desde Bogotá, los grandes contratistas redireccionen la forma como deben esas contrataciones”.